El término monetizar es muy utilizado en la actualidad en el mundo digital y significa transformar en dinero el contenido generado en un portal o página de internet.
En el campo de las finanzas públicas también se lo ha utilizado desde hace un par de años, básicamente para hacer referencia a la venta, concesión o delegación de activos estatales a un operador privado, obviamente a cambio de dinero en efectivo.
La semana pasada cobró relevancia este término cuando el presidente Guillermo Lasso habló de crear un fondo para luchar contra la desnutrición crónica infantil. Dijo que ese fondo se nutrirá con la monetización de activos estatales, entre los cuales está la venta del Banco del Pacífico, un banco comercial que actualmente está en manos del Estado, concretamente de la Corporación Financiera Nacional (CFN).
Se trata del segundo banco más grande del país, medido por el monto de activos: USD 7 030 millones, según datos de la Superintendencia de Bancos, cortados hasta octubre del presente año. Tiene un patrimonio de 790 millones, un valor muy referencial a la hora de establecer cuánto podría obtener el Gobierno en caso de venderlo.
La creación de un fondo para luchar contra la desnutrición infantil es un objetivo urgente y altamente deseable. De hecho, es una de las promesas de campaña del Presidente, quien ha ofrecido reducir este índice de desnutrición del 29% al 23% durante su período de gobierno.
El Gobierno ha vinculado la venta del banco con un objetivo social que todos apoyan, con lo cual prevé generar menos resistencia a la venta de un activo estatal, sobre todo en aquellos grupos de izquierda que quieren seguir viendo un Estado activo en varios sectores económicos, supuestamente para corregir las fallas del mercado.
Sin embargo, la intervención del Estado para corregir esas fallas no significa necesariamente la creación de empresas públicas que compitan con el sector privado. Esa intervención se puede hacer a través de políticas, regulaciones y normativas que garanticen una mayor competencia.
Para eso están las superintendencias de Bancos, de Economía Popular y Solidaria, así como la de Control de Poder de Mercado, que son las encargadas de generar normativas y políticas que eviten los abusos.
Además, detrás de todo esto hay una visión sobre el papel del Estado en una economía. Y la visión del Gobierno es que el Estado debe satisfacer las necesidades de la población en tres áreas: salud, educación y seguridad. El resto lo puede hacer el sector privado, pero con control de las entidades estatales en cada sector.
Un gobierno populista tiende a crear un Estado obeso, lo cual se traduce en la proliferación de empresas públicas administradas clientelarmente. El Banco del Pacífico no escapó a esa lógica en la última década, su nómina creció sin mayor control y gastó millones de dólares en auspicios publicitarios que obedecían a decisiones políticas y no a las necesidades de sus depositantes.