México deporta ilegalmente

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Domingo 18 de marzo 2018

Madeleine Penman
Columnista IPS

Emilia cuenta que llevó a su familia a México después de que su hermano y dos de sus hijos fueran asesinados en El Salvador, su país. De los miles de personas que huyen de América Central a México, ella fue una de las afortunadas. Después de solicitar asilo, México le dio protección y residencia. La mayoría no tiene esa suerte.

Mientras el presidente Donald Trump ha captado la atención mundial con sus planes de construir un muro en la frontera sureña de los Estados Unidos, las autoridades mexicanas están trabajando duro, pero discretamente, para evitar que las personas que huyen de Centroamérica se queden en México.

En 2017 el gobierno mexicano deportó a
80 353 personas por haber ingresado al país sin contar con los papeles necesarios o por otras irregularidades migratorias. Pero en muchas ocasiones las deportaciones no solamente violan la ley mexicana, sino también el derecho internacional, poniendo en riesgo a la vida de las personas deportadas.

Conocí a Emilia en noviembre de 2016, en la frontera de México con Guatemala. Estaba compartiendo un pequeñísimo cuarto de un hotel fronterizo con su esposo, sus seis hijos y su nieta aún bebé. A pesar de estas circunstancias incómodas de hacinamiento, estaba contenta, pues había escapado de una situación tan peligrosa en El Salvador que cualquier lugar seguro era para ser agradecido.

Sus hijos asesinados, ambos adolescentes, trabajaban como cobradores de autobuses, un trabajo que no parece en principio peligroso. Pero en El Salvador esta labor te puede costar la vida, debido a las poderosas redes de control y extorsión que ejercen las “maras” sobre la industria de transporte.

La historia de Emilia es la historia de miles de personas que huyen principalmente de El Salvador y Honduras, que se cuentan entre los países más violentos del planeta.

Organizaciones internacionales y organismos de las Naciones Unidas calculan que la mitad de las aproximadamente 500 000 personas que cruzan la frontera de México cada año podrían necesitar protección internacional.

Pero miles de estas personas no conocen sus derechos o si levantan la voz son ignoradas. Aunque tengan el derecho de solicitar asilo en México, a muchos el estado mexicano les deporta sin tomar en cuenta el riesgo.

Un hombre que había viajado a México para solicitar asilo después de recibir amenazas de muerte en Honduras nos dijo que había llorado de desesperación para intentar detener su deportación. Cuenta que los funcionarios no le escucharon ni le informaron de su derecho a presentar una solicitud de asilo y lo devolvieron sin más a su país.

El 94% de las personas deportadas por México en 2017 venían de El Salvador, Guatemala u Honduras. La vida y la seguridad de miles de personas está en riesgo, y México no puede seguir ignorándolas.