El ministro de Economía, Richard Martínez, compareció el miércoles último ante la Asamblea Nacional y confirmó que el Gobierno estaba dando los últimos toques a dos proyectos de ley para someterlos a su consideración, uno de los cuales contiene medidas emergentes para afrontar la pandemia sin precedentes que azota al país y al Mundo entero y el otro, reformas al Código de Finanzas Públicas. Se informó que el Ministro explicó detalles de dichos proyectos y, en respuesta, algunos legisladores expresaron sus reparos a la actuación del Régimen. Inclusive uno anunció que el bloque de la Revolución Ciudadana planteará un juicio político al economista Martínez, “por no cumplir con sus funciones durante la emergencia”.
Pocos días antes el presidente Moreno hizo un llamamiento “a un gran acuerdo nacional para enfrentar la crisis económica, sanitaria y social que vive Ecuador” y manifestó que la reforma económica estructural en camino procura defender el empleo y garantizar la dolarización, pero, así mismo, la reacción de algunos dirigentes políticos y asambleístas ha sido de oposición a los planteamientos gubernamentales, antes de sean propuestos oficialmente.
El líder socialcristiano Jaime Nebot anunció que planteará su propio proyecto de medidas ante la emergencia y anticipó que, si no es acogido favorablemente, dará los pasos pertinentes para una consulta popular y el economista Correa le ofreció su apoyo para que reemplace en Carondelet a Lenín Moreno, a quien le pidió que “dé un paso al costado”, pero ambos rechazaron tan absurdas propuestas.
En cambio Guillermo Lasso, líder de CREO y aspirante a la Primera Magistratura, manifestó que “necesitamos un Presidente que tenga talante para liderar a Ecuador, llamando a todos los dirigentes políticos, sociales y gremiales y sentarlos con una agenda previa y no levantarnos hasta que haya un acuerdo nacional. Es hora de que todos los líderes políticos actúen con responsabilidad y no asuman posiciones extremas”.
El Primer Mandatario informó también que ha dispuesto la rebaja del 50% de su sueldo y de todos los funcionarios públicos que perciben remuneraciones elevadas, pero nadie aceptó de buena gana esta contribución que aún está en el aire y, más bien el presidente de la Asamblea, César Litardo, llamó a los asambleístas “a cerrar filas ante la campaña de desprestigio institucional”, de la que acusa al Ejecutivo.
La verdad es que no se han logrado las tan decantadas unión y coordinación de esfuerzos ni el “gran acuerdo nacional”, aspiración a la que se sumó la Iglesia Católica, frente a los desastres que han coincidido estos días, como son, además del coronavirus, la drástica caída del precio internacional del crudo, la interrupción de los tres oleoductos, el daño de la refinería de Esmeraldas, para colmo, el peligro de que sufra una afectación la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair.