Francisco Carrión Mena

Ecuador, soberanía y el FMI

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Martes 01 de diciembre 2020

El concepto de soberanía ha sido muy manoseado por teorías, autores, legisladores y políticos. La soberanía es uno de los cuatro componentes básicos de un Estado junto con el territorio, el pueblo y el poder político. Es “la autoridad suprema del poder público que reside en el pueblo y que se ejerce por medio de sus órganos constitucionales”.

Cuando se trata asuntos internacionales hay varias interpretaciones de soberanía en sus relaciones con otros estados y organizaciones de estados. Hay soberanía compartida, de soberanía funcional, de soberanía absoluta, soberanía popular, pero en todo caso, la soberanía está presente cuando un Estado decide, para el caso, suscribir un tratado de cualquier tipo, ya sea de límites, de comercio, de integración, de cooperación.

En este mundo globalizado es inevitable que haya una autolimitación voluntaria de la soberanía para lograr resultados que esa interdependencia le puede ofrecer a través de la suscripción de convenios internacionales. En tal sentido, cuando el Ecuador adhiere a un organismo mundial, regional o bilateral está limitando su soberanía a los propósitos que sustentan a la contraparte que estima le pueden beneficiar. Es decir, en ejercicio de su propia soberanía resuelve llegar a convenios con la otra parte. Claro que para hacerse efectiva esa decisión de autolimitar su soberanía debe cumplir con los procedimientos internos que fija la Constitución.

¿A qué vienen estas disquisiciones? Nuestro país suscribió un acuerdo con el FMI por el cual este último se comprometió a entregar al Ecuador, para solventar su crisis económica, más de US D 4 mil millones hasta antes de que termine el año siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones: reformas laborales, anticorrupción, austeridad fiscal, entre otras. En definitiva, un organismo internacional, del cual el Ecuador es miembro, le somete a cumplir con políticas internas a cambio de recibir recursos financieros para sostener su economía.

¿Es una injerencia en asuntos internos, una violación de la soberanía, por parte del FMI en la medida en que obliga a cumplir con obligaciones de política interna? Mi criterio es que no. Ecuador se somete voluntariamente a esos requerimientos y precisamente, como dice Borja, “limita su poder soberano a cambio de otros bienes que solo la interdependencia le puede ofrecer”.

Otra cosa muy diferente es saber si ese acuerdo y esas condiciones que deberá adoptar el Gobierno son beneficiosas para el país y en particular para los más necesitados; que los recursos obtenidos a través de la autolimitación de la soberanía no vayan a perderse en los bolsillos de tanto corrupto que pulula en este país y que no vaya a generar reacciones sociales de legítimo descontento social como resultado de su aplicación. Es decisión y responsabilidad del Gobierno que deberá responder ante el pueblo.