La nueva protesta del gremio de los taxistas, realizada el miércoles pasado, recordó a los ciudadanos que en el país está pendiente la regulación para el funcionamiento de las plataformas tecnológicas como Uber o Cabify, pero también evidenció que el Gobierno no tiene claro cómo enfrentar el problema.
Antes de comenzar a discutir sobre los textos para una regulación a las plataformas tecnológicas de transporte, los diferentes entes de control del Gobierno necesitan ponerse de acuerdo en varios temas, empezando por determinar el alcance y el impacto de las nuevas empresas digitales, donde un excesivo control puede volver inviable el negocio, como ya ha sucedido en varios países alrededor del mundo.
La mejor forma de eliminar o reducir la competencia para los taxis tradicionales es sobrerregular o prohibir la operación de las ‘apps’. Esto ha sucedido en países como Bulgaria, Dinamarca o Hungría, pero también en ciudades como Barcelona (España) o Fukuoka (Japón).
En estas localidades se han aprobado leyes que prohíben el uso de estas ‘apps’ o las obligan a registrarse como compañías de taxis tradicionales, a usar taxímetro o contratar choferes con licencia específica. En otros casos las expulsan del país acusándolas de competencia desleal.
En la mayoría de países europeos han optado por un camino intermedio. A propósito de una disputa en España contra Uber, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una sentencia a finales del 2017, señalando que Uber debe ser considerada como una empresa de transporte y no un servicio digital. Ese fallo tiene varias implicaciones, pero la principal es garantizar condiciones mínimas de trabajo para que los conductores ganen un salario básico.
A partir de ese entonces, cada Estado de la UE puede controlar las condiciones en las que Uber proporciona sus servicios, lo cual obligó a la empresa a adaptar su modelo de negocio a cada legislación. Eso significa que estas ‘apps’ sí pueden desarrollarse dentro de un marco regulatorio adecuado.
En el caso ecuatoriano, la actual disputa entre taxis tradicionales y ‘apps’ es una buena oportunidad para actualizar la legislación vigente, fomentar la competencia en el mercado, mejorar el servicio al usuario y garantizar condiciones laborales mínimas para los conductores.
Por ahora, los taxistas tradicionales se han concentrado en acusar a las ‘apps’ de competencia desleal, debido a que sus conductores trabajan con cualquier tipo de licencia, no someten a sus vehículos a revisiones periódicas y no pagan impuestos.
Pero del otro lado, no hay que olvidar que los taxistas tradicionales tienen gasolina subsidiada, pagan menos aranceles al comprar sus unidades y en buena medida pagan a los conductores luego de cumplir un mínimo de ingresos. Y pese a todo, las tarifas suelen superar a las de las ‘apps’.
Este sector necesita ser regulado, pero las normas deben enfocarse en el usuario, la competencia y los derechos laborales.