Marco Arauz Ortega

Los cómplices de la minería ilegal

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Domingo 06 de diciembre 2020

Todo el mundo lo sabe: una buena parte de la informalidad se nutre de los recursos relativamente fáciles de obtener. Uno es el oro, y su explotación ilegal en el país está ligada a la muerte y al peligro, a las mafias que brindan seguridad, al uso de armas, a la prostitución y la trata de personas y al lavado de activos y, por añadidura, a la destrucción de la naturaleza.

Un reportaje de EL COMERCIO mostró que hay actividades ilegales en ocho provincias del país. Incluso existe el caso de una mina en territorio peruano que se explota ilícitamente desde Ecuador. La metodología es parecida: mano de obra local y extranjera, capitales oscuros, enormes recursos para movilizar material a chancadoras en El Oro.

Hubo intervenciones como la de Buenos Aires, pero no ha habido ni hay un plan nacional para enfrentar el problema. Detrás de la explotación hay grandes y pequeños beneficiarios. Estos dan servicios por salarios básicos -excepto si se trata de un “especialista” en operar una retroexcavadora o una chancadora- en condiciones de vida deplorables.

Hay otro grupo que arriesga su vida al entrar furtivamente en los socavones antitécnicos a buscar el metal. Es lo que sigue sucediendo en el corazón del Chocó ecuatoriano y otros sitios de Esmeraldas. En Los Ajos fue necesario que hubiera víctimas para que el Estado frenara la actividad. Pero en este mismo minuto se siguen taladrando las tierras de la reserva y envenenando sus aguas.

Quienes creen que solo la explotación a gran escala puede resultar dañina para la naturaleza, si no se hace con licencias y cuidados, deben imaginar por un momento cómo sería la explotación informal de petróleo. El caso de la minería lo conocen las autoridades, hay información actualizada, pero no se actúa. Ese problema debiera ser parte de la agenda gubernamental de transición.

Los recursos naturales son del Estado, es decir, de todos. Pero suele justificarse la actividad ilegal por la falta de recursos de la gente, e incluso a veces se reclama obras de infraestructura y sociales ahí donde, improvisadamente, se instalan explotadores y explotados. Lo lógico sería establecer un modelo -perfectamente posible y que funciona en algunos sectores- para una explotación artesanal regulada, de bajo impacto ambiental y de la cual se beneficien las comunidades.

A las mineras formales se les exige, como debe ser, licencias ambientales para impedir que se contaminen las fuentes de agua; tareas de mitigación y buenos acuerdos con las comunidades. Pero no somos conscientes de que en medio del discurso en contra de las grandes empresas se cuela el peligro de la minería ilegal que causa todos los problemas descritos y, además, no deja ingresos al Estado, solo problemas por resolver a alto costo.

¿O quizás quienes guardan silencio frente a este desangre son demasiado conscientes?