Aun cuando uno sea propositivo, la realidad no puede taparse con un dedo. Más allá de la esperanza que ha sembrado la actual administración, con el exitoso plan de vacunación y el descongestionamiento en hospitales, que genera tranquilidad, los problemas actuales preocupan seriamente, especialmente la inseguridad y la corrupción que carcome a las estructuras institucionales y a los operadores de justicia.
Pobre país, asediado por la violencia, el crimen organizado, el narcotráfico, que actúan hoy en las cárceles, con enormes recursos que manejan, presumiblemente conectados con sectores políticos de extrema, bandas delincuenciales que rondan los países de la región en busca de propiciar el caos para llegar al poder. La violencia e inseguridad en las calles se refleja en esos centros con las masacres últimas, pese a los esfuerzos y recursos que pone el Ejecutivo. Frente a ello el Estado tiene que controlar e imponerse con firmeza en el marco de la ley.
Resulta una vergüenza que produce desconfianza lo que ocurre con la actuación de juezas y jueces, que manosean y destruyen la validez de las acciones de protección y la defensa de los derechos, que vulneran la seguridad jurídica y el debido proceso, como ocurriera con el caso de la Alcaldía de Quito. Por ello, la Corte Constitucional dejó sin efecto las sentencias de una jueza y dos jueces de la Corte de Pichincha, aunque no acogió el pedido del error inexcusable.
A qué nivel ha llegado el estado de la justicia que la CC dispone que el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) difunda y conciencie a jueces y juezas sobre la correcta aplicación de las garantías constitucionales y ha puesto en conocimiento de esta institución y de la Fiscalía, para que investiguen y determinen responsabilidades sobre la irregularidad en la realización del sorteo de causas de la Alcaldía. Igualmente, que el CNJ tome medidas estructurales que permitan corregir y evitar estas irregularidades y malas prácticas judiciales.
El escenario político es otro problema, con una Asamblea embarrada en corrupción, con una parte de sus miembros glosados por Contraloría por presuntos malos manejos de fondos públicos; otras señaladas por el cobro de los diezmos. Otros oponiéndose a todo lo que propone el Ejecutivo, sin mirarse en el espejo que en los 10 años del correísmo los alzamanos aprobaron proyectos cuestionados, con reformas a varias leyes en un solo texto. Hacen méritos para ir a una consulta popular o la muerte cruzada.
Dónde quedó la posibilidad de lograr un pacto social y un acuerdo mínimo sobre temas fundamentales que no debieran oponerse: la generación de empleo, el combate a la corrupción, la inseguridad y al crimen organizado que se está tomando el país, que ya no resiste esta situación en medio de la desidia y la demagogia de la mayoría de actores políticos.