La decisión de Rafael Correa de dar por terminado el comodato de la casa de la Conaie, porque supuestamente desde dicha sede se realizan actividades políticas “en contra del Gobierno”, abona una pieza más al Museo del Ridículo que alguna vez habrá de instaurarse en nuestro país para no olvidar (¡prohibido olvidar!) las piezas más absurdas, oprobiosas y anacrónicas de la revolución ciudadana. Esta decisión, sin duda, tendrá un lugar de excepción en dicho museo porque demuestra como ninguna otra los prejuicios y contradicciones del socialismo del siglo XXI; socialismo que está en contra de los campesinos, de los indígenas, de los excluidos y que los trata como vasallos.
En verdad, aunque parezca mentira, esta decisión nos deja ver cómo el Presidente de la República considera que todo lo que propiedad del Estado, le pertenece por ende al Gobierno, y que todo lo que es del Gobierno es también propiedad de él y del grupo en el poder. Por eso, él dispone de las propiedades estatales como le place y nada de lo que ocurra en una dependencia estatal podría contradecir al Gobierno o a él, porque Estado, Gobierno y Presidente son la misma cosa. Así la Conaie, por supuestamente haber utilizado la casa para actividades “en contra del Gobierno”, debe ser desalojada. Toda propiedad estatal, es también propiedad gubernamental y presidencial, reza la lógica correísta. Aunque parezca mentira, la mentalidad oficial reposa aún en los tiempos del absolutismo, en que “el Estado soy yo”, y nada podrá hacer avanzar a su pensamiento en los tiempos de la historia.
Pero el asunto es más grave. Esta decisión, además, está cargada de racismo. ¿Por qué? Porque detrás de esta decisión, firmada derogatoriamente por un funcionario de tercer orden, pero avalada por la propia palabra presidencial, está presente una concepción hacendataria y feudal del Estado, según la cual nadie puede contradecir al patrón porque su palabra en infalible; ningún súbdito puede pensar diferente al señor porque son parte de él, como lo es todo lo que existe en sus dominios. Quien así se atreve, deja de pertenecer al todo orgánico del que él es amo y señor y debe ser sancionado, reprendido, sometido a castigos, expulsado, desalojado. Ay, nuestro pensamiento presidencial aún no supera el umbral de la reforma agraria de 1964. En verdad, los generales de la Junta Militar de aquel entonces están más a la vanguardia que los comandantes de nuestra revolución.
Pero la hacienda se acabó. Y el país entero y sobre todo Quito dicen no al desalojo de la Conaie de su casa. Esa casa no le pertenece al señor ni a su casta; es de todos los ecuatorianos. Y los ecuatorianos reconocemos el valor de la lucha indígena en la democratización de nuestro país. No se trata de posiciones políticas coyunturales, es un asunto que topa la médula de la sociedad ecuatoriana, que se reconoce como democrática, incluyente, pluriétnica y multicultural. El alcalde Rodas debería pronunciarse porque esa casa es patrimonio de Quito, como capital de todos los ecuatorianos.