Las violaciones están ahí, pero el Estado se resiste a mirarlas, a detenerlas y reparar -si es que cabe el término- a las víctimas. En Ecuador, hay cosas que no cambian. El informe 2022 de Human Rights Watch (HRW) lo confirma.
Este 13 de enero, la organización dedicada a la investigación, defensa y promoción de los DD.HH. publicó su reporte anual y revisa la situación del país. El documento resalta “preocupaciones” respecto a varios temas, entre esos la situación de personas presas, y los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas.
¿Por qué resaltarlo en esta columna? Porque desde mayo de 2021, cuando se inició un nuevo mandato ejecutivo y legislativo, ambos aspectos copan los titulares, pero por la inacción de los responsables en la generación de política pública.
Por ejemplo, hay un manto de impunidad alrededor de las masacres del año pasado en las cárceles. Víctimas colaterales de un sistema que hace implosión y amenaza con seguir salpicando sangre.
Además, mientras las y los asambleístas definen las condiciones para acceder a un aborto en caso de violación, diariamente niñas, adolescentes y mujeres son víctimas de violencia sexual. En abril de 2021, la Corte Constitucional dio a la Asamblea un plazo de seis meses para aprobar la ley, a partir de la entrega de la base desde la Defensoría del Pueblo. El cronograma venció y la discusión en el Pleno se siente cruda.
HRW destaca que Lasso presentó un proyecto para reemplazar la Ley de Comunicación impuesta durante el correísmo, pero omite que derechos como el acceso a la información y transparencia se violan. Si no se ajustan otros cuerpos legales, la libertad de expresión no se garantiza, y la posibilidad de exigir verdad, justicia, reparación y no repetición se limita.
En noviembre, Ecuador deberá someterse a su Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo del Consejo de DD.HH. que evalúa la situación en los Estados miembro de la ONU. La sociedad civil se alista para exponer lo que no se quiere ver.