Asalto a DD.HH. en Venezuela
Mi país, Venezuela, está al borde del colapso social y económico. Este desastre en cámara lenta que se ha fabricado en casi 15 años, no comenzó con la caída de los precios del petróleo ni por la acumulación de deudas, sino que se puso en marcha por el desprecio del gobierno autoritario de Venezuela hacia los derechos humanos y el Estado de Derecho.
Instituciones y seguridades jurídicas fueron desmanteladas en aras de preservar una élite corrupta que gobierna a expensas de los derechos humanos, sociales, políticos y económicos del pueblo venezolano. Esto, más que cualquier otra cosa, es la causa de nuestra situación actual.
Conozco todo esto personalmente. Escribo desde una prisión militar donde me encuentro desde el pasado mes de febrero como consecuencia de pronunciarme contra las acciones del gobierno. Soy uno de las decenas de prisioneros políticos que está tras las rejas por sus palabras y sus ideas.
Esta injusta encarcelación me ha proporcionado una visión de primera mano del abuso generalizado a nivel legal, mental y físico. No ha sido una buena experiencia, pero ha sido esclarecedora.
Mi aislamiento también me ha dado tiempo para reflexionar sobre la crisis más grande que ha enfrentado mi país. Nunca he estado más convencido de que el camino hacia la ruina de Venezuela fue construido años atrás por un proyecto dirigido a desmantelar libertades y derechos humanos fundamentales en nombre de una ilusión.
Cuando el actual partido de gobierno asumió el poder en 1999, sus partidarios consideraban los derechos humanos como un lujo y no como una necesidad. Grandes segmentos de la población vivían en pobreza y tenían necesidades alimentarias, de vivienda y de seguridad personal. Proteger la libertad de expresión y la separación de poderes parecía algo frívolo. En nombre de la conveniencia, estos valores fueron comprometidos y luego desmantelados por completo.
La Legislatura fue reprimida, permitiéndole al Ejecutivo gobernar por decreto sin los controles y equilibrios que impiden que los gobiernos se salgan de su camino.
El Poder Judicial se hizo responsable del partido de gobierno, convirtiendo a la Ley y a la Constitución en algo insignificante. En un caso conocido, la jueza María Lourdes Afiuni fue arrojada a prisión por haber ordenado la liberación de un preso.
Líderes políticos y activistas fuimos frecuentemente perseguidos y encarcelados, los medios de comunicación independientes fueron desmantelados, expropiados o simplemente eliminados.
El actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha llevado esto a un nivel aún más bajo. Los derechos están racionados como si fueran escasas mercancías que pueden intercambiarse por otros medios de subsistencia.
Nuestra propuesta es simple pero enérgica: todos los derechos para todas las personas, en vez de algunos derechos para algunas personas.