Arturo Moscoso Moreno

Rebelión y terrorismo

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Viernes 18 de octubre 2019

En Ecuador la rebelión está tipificada en el Código Integral Penal (COIP) y se da cuando una persona se alza o realiza acciones violentas que tengan por objeto desconocer la Constitución de la República o el derrocamiento del gobierno legítimamente constituido, siendo la pena de 5 a 7 años de cárcel. Si esa persona se levanta en armas para derrocar al gobierno o para dificultar el ejercicio de sus atribuciones o promueve, ayuda o sostiene a cualquier movimiento armado para alterar la paz del Estado, la pena será de 7 a 10 años.

Por otra parte, el delito de terrorismo se comete cuando una persona, individualmente o formando asociaciones armadas, provoca o mantiene en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o hagan peligrar edificaciones, medios de comunicación o transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos. La pena puede ser de hasta 13 años de cárcel.

En el reciente paro nacional, que se llevó 12 días de la productividad y de la tranquilidad de los ecuatorianos, no solo se reveló a un país profundamente dividido, intolerante y fanatizado, en el que la democracia no termina de consolidarse y en el que un sector de la sociedad logró imponer por la fuerza sus demandas, sino también la comisión de los delitos de rebelión y terrorismo por parte de ciertos grupos. Durante el paro hubo innumerables llamados desde el correísmo para poner fin al gobierno de Moreno, lo que fue acompañado de violencia y vandalismo como no se había visto en los últimos 40 años en el país. Grupos armados y bien entrenados cortaron servicios públicos, atacaron a entidades estatales, a periodistas, a medios privados y a la ciudadanía, generando terror en la población. El fin, claramente, era provocar una desestabilización de tal magnitud que el Gobierno se terminara cayendo.

Mientras escribo estas líneas, varios de los supuestos implicados se han refugiado en la Embajada de México en Ecuador y otros tantos han sido detenidos, mientras, a través de ciertos chats y mensajes enviados entre los acusados, se va revelando un macabro complot para lograr la caída del Gobierno y la llamada a elecciones anticipadas. Un golpe de estado en toda regla.

Así, el paro nacional no solo fue un acto de protesta ciudadana, sino también un levantamiento alentado por golpistas para lograr el derrocamiento del Gobierno legalmente constituido a través de actos terroristas, por lo que es deber de la justicia, respetando, eso sí, el debido proceso y los derechos de los acusados en todo momento, aplicar todo el peso de la ley contra los culpables, porque la paz tan necesaria en estos momentos para el país jamás se puede construir sobre la impunidad, menos aún de actos tan graves.