El presidente Lasso se propone crear una “Comisión Nacional Anticorrupción”, formada por los presidentes de las funciones del Estado, representantes de gobiernos seccionales, el Contralor, el Procurador y el Defensor del Pueblo, con el Secretario de la Administración como secretario. Participarán como “observadores” otras entidades públicas y representantes de la sociedad civil, universidades, gremios y medios de comunicación. Se encargaría de montar un sistema de seguimiento de casos de corrupción, ejecución de políticas anticorrupción, calidad y eficiencia del gasto público y programas de cooperación interinstitucional e internacional.
Que el régimen cree un espacio para prevenir la corrupción y perseguir esta plaga parece positivo, pero el proyecto, tal como está planteado, sería un gigantesco retroceso y resultaría confuso, inoperante y hasta tramposo.
La iniciativa no corresponde a la propuesta de Lasso en la campaña, de crear una comisión internacional anticorrupción con apoyo de la ONU y la OEA.
Esta es solo nacional y de limitada acción. Además, incumple su oferta de involucrar a la sociedad civil y a la ciudadanía en la toma de decisiones, dejándola como “observador”.
Un organismo burocrático lleno de funcionarios públicos donde los representantes de la sociedad civil son convidados de piedra, como ya lo dijo Germán Rodas, “es un traje a la medida para proteger al poder”. No hará nada efectivo contra la corrupción y sería una tapadera.
Víctor Granda le aclaró al Presidente el mismo día del anuncio, que la anticorrupción debe ser iniciativa ciudadana ya que tiene que investigar denuncias de corrupción contra los funcionarios y órganos del Estado, que deben estar bajo su mira. Morochamente hablando, no se puede poner al perro a cuidar la longaniza.
Si se quiere garantizar la moralidad pública, hay que reforzar a la auténtica “Comisión Nacional Anticorrupción”, que es un hito de la vida del Ecuador, robustecer su institucionalidad, entregarle recursos para que funcione mejor, darle atribuciones para que pueda investigar, acusar y emplazar al sistema judicial para que cumpla sus responsabilidades, respetar su autonomía y su integración, que no proviene del poder sino de la sociedad, sin intromisión de organismos oficiales.
Crear un ente a la medida del régimen y suplantar, hasta sustrayéndole el nombre, a la Comisión Nacional Anticorrupción, reemplazándola con una congregación de burócratas, sería echar abajo una entidad ciudadana promovida por las organizaciones sociales, que puso valientemente el pecho frente a la podredumbre de las corruptelas y al autoritarismo. Desaparecerla con cualquier pretexto sería un acto de complicidad con los corruptos que siempre han querido eliminarla, o una solemne estupidez de alto nivel, digna del más enérgico rechazo.