En el Presupuesto General del Estado pueden existir tres clases de déficits: el primero se denomina ‘déficit primario’ y se produce cuando los ‘ingresos permanentes’ no alcanzan a cubrir los ‘gastos permanentes’; el segundo se denomina ‘déficit fiscal’ y se produce cuando el total de los ingresos del gobierno (permanentes y no permanentes) no alcanzan a cubrir el total de sus gastos; y, el tercero que se denomina ‘déficit neto’ y que corresponde a aquella parte del déficit fiscal que, antes de que finalice el año, no ha logrado ser cubierta o financiada con nuevos préstamos.
Debe señalarse que los dos primeros déficits -el ‘primario’ y el ‘fiscal’- varias veces han estado presentes en la mayoría de los países de América Latina. Es así que hoy ya existe un amplio consenso sobre cuál es la metodología que debe utilizarse para contabilizar ambos déficits.
Por lo tanto, cuando un gobierno anuncia la magnitud de cualquiera de esos dos déficits, el resto de la población tiende a aceptarla como si fuera una verdad precisa e irrefutable. Además, también es ampliamente aceptada la creencia de que, si los dos déficits coexisten dentro de un mismo año, será imperioso que el gobierno proceda a contratar nueva deuda pública.
En el caso del déficit neto -es decir, el que se produce cuando el gobierno no logra obtener suficientes préstamos- la modalidad de financiamiento más utilizada es la simple impresión de dinero fresco o ‘dinero inorgánico’, como también se lo denomina. Sin embargo, también existe consenso de que esta clase de emisión de dinero genera de manera inmediata la devaluación de la moneda del país que lo emita.
Desde luego, este último mecanismo no puede ser utilizado en Ecuador, porque un país dolarizado -felizmente- no puede imprimir dinero ni devaluar.
En nuestro país los déficits netos se iniciaron cuando dejó de subir el precio del petróleo en el 2014 y el gobierno se negó a reducir el gasto público superfluo.
Desde entonces y hasta la presente fecha, el mecanismo para pagar el déficit neto, ha sido apropiarse de las reservas monetarias del Banco Central del Ecuador y expropiar los fondos previsionales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Con ese objetivo, el gobierno ha traspasado a esas instituciones distintos tipos de Bonos de Estado, Certificados de Tesorería, Acciones de Empresas Públicas, Bienes en Dación en Pago e incluso, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, expropiaciones no contabilizadas.
Como consecuencia de la vertical disminución en la liquidez de sus reservas y de sus fondos, tanto el Banco Central del Ecuador como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social han sufrido un peligroso deterioro en su capacidad operativa y en su solvencia; deterioro que aún no ha sido calculado, a pesar del proceso de auditoría de la deuda pública anunciado por el gobierno hace ya varios meses.