Los ecuatorianos estamos comprando; el comercio está boyante. La economía habría crecido 3% en 2017 y las autoridades esperan 2.5% en 2018, todo halado por el consumo, porque la inversión no crece. Los bancos están prestando, 13,5% más que un año atrás; las importaciones aumentan 24%: una vez levantadas (¿momentáneamente?) las restricciones a la importación, quienes no pudieron cambiar vehículo en 2016 y 2017, lo hacen ahora.
El petróleo tiene un alza imprevista; debemos estar vendiendo sobre USD 60 el barril, generando ingresos petroleros que este año serían al menos USD 1 mil millones más elevados que en 2017.
Quienes experimentan este movimiento deben estar extrañados con que el gobierno hable de un programa económico para afrontar la situación. Es que no se percatan que el dinero que mueve la economía no es producto de mayores ingresos por exportaciones (los USD 1 mil millones del petróleo son poca cosa frente a las necesidades) ni de mayor inversión extranjera, sino de un muy fuerte endeudamiento que financia el gigantesco déficit fiscal que causó el desbocado crecimiento del Estado en la década del correato.
Este ritmo de endeudamiento no puede seguir, porque más temprano que tarde los acreedores van a dejar de prestar, lo que nos causaría una debacle económica. Por lo que el gobierno tiene que comenzar a ajustar, bajando costos y subiendo ingresos, para que se reduzca la necesidad de endeudamiento. El gradualismo torna al ajuste tolerable, y por lo tanto políticamente viable. Así mismo, tiene que crear las condiciones para que aumente la inversión privada, y sea la inversión y no el consumo lo que más mueva la economía. Está obligado a crear un clima de inversiones más atractivo. Este programa se anunció a principios del mes, pero hasta ahora queda en enunciados. No hay cómo saber si los recortes prometidos en el gasto van a generar el ahorro previsto, ni si los cambios en la legislación tributaria serán tal como se anunciaron.
El tiempo corre, y urge que se concrete el programa. Las cuentas del Tesoro Nacional se están quedando sin saldo, y se requiere volver a emitir bonos. Pero la Contraloría dictaminó que la deuda pública rebasó en 2016 el tope legal. Por lo que una colocación de bonos sería ilegal si no cuenta con autorización previa de la legislatura. Para obtener esa autorización, es necesario que las autoridades presenten el programa que vaya reduciendo la necesidad de endeudamiento excesivo.
El mejor clima de inversiones es también vital, para que crezca la economía y se abran plazas de trabajo. No es asunto de subsidios; hay que limpiar la maraña burocrática que enreda a las empresas, aliviar la carga tributaria a las exportaciones, dar protección contra la inseguridad jurídica. Hay que crear oportunidades para quienes quieran invertir.