El Presidente Moreno se presentó en cadena nacional y sinceró las cifras de la deuda pública. Criticó levemente el excesivo endeudamiento de su predecesor pero justificó el gasto ya que el país mejoró su infraestructura. Reveló que este año habría un crecimiento mínimo, de 0,7%, la mitad de lo que sostenía el gobierno anterior, e inferior al crecimiento de la población. El gasto público crecerá 2% este año, indicó, y no anunció una reducción del gasto para 2018. El programa económico se revelaría en setiembre, junto con la Pro forma 2018. Para entonces, advirtió, se nos pasará la cuenta a los ciudadanos. Lo que significa que o bien habrá un fortísimo incremento de impuestos o eliminación de subsidios, o seguirá el endeudamiento agresivo.
No vemos salida pronta a la crisis sin reducción del gasto público. El gobierno anterior lo infló, los trámites burocráticos se multiplicaron. Gastar tanto en burocracia es una carga para el crecimiento económico.
Como el gasto público está tras el leve crecimiento de los últimos años, las autoridades temen que su reducción contraiga la economía, cause iliquidez, y amenace la estabilidad del sistema financiero. Pero eso no justifica mantenerlo. Solo se requiere que el ajuste sea gradual, digamos repartido en tres años.
La salida de la crisis pasa por un incremento de la inversión privada, para que la economía vuelva a crecer sanamente, como antes, en base a la expansión de la producción, y no en base al gasto público con financiamiento externo a tasas exorbitantes de interés.
Las empresas consideran que para que se de ese incremento de la inversión, se requiere una mejoría sustancial del clima de negocios. Esa mejoría pasa por la eliminación de impuestos distorsivos, como el cálculo vigente al anticipo de impuesto a la renta y el impuesto a la plusvalía. Ambos ya existían, pero el gobierno anterior cambió su naturaleza. Además, plantean la eliminación gradual del ISD. A eso hay que sumar otras medidas dirigidas a reducir el costo de producir en el país, en particular suavizar la rigidez laboral. Consideran que el impacto positivo de estas medidas causará el ingreso masivo de capitales, lo cual generará ingresos fiscales.
Gobierno y empresas, entonces, coinciden en el diagnóstico (hay crisis, excesivo endeudamiento) y en la solución (mayor inversión privada). Pero difieren drásticamente en cómo llegar a ello. Las autoridades propondrían mantener el gasto, aumentar los impuestos y una mejor relación con las empresas. Éstas proponen reducción del gasto y menos impuestos.
La tarea que tiene por delante el Consejo Consultivo es ardua. Las empresas hacen hincapié en que es Consejo Productivo, las autoridades, en que es Consejo Tributario. La brecha que separa a autoridades y empresas es difícil de zanjar.