Sí señores. Ya son cincuenta años, edad jubilar. A retirar el modelo económico.
Para 1969, los países andinos, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Chile (posteriormente Venezuela reemplazaría a Chile) firmaron el Acuerdo de Cartagena, que consistía en crear un mercado protegido (alto arancel externo) y montar nuevas industrias, asignadas a dedo (a Ecuador tocó línea blanca). El objetivo era formar un mercado grande que permitiría una industrialización como las de México y Brasil.
Paralelamente, Texaco encontró petróleo; en 1970 se iniciaría la construcción del oleoducto y la producción fluiría en 1972. Ecuador se convertía en país rico, con incremento explosivo de su mercado interno protegido. Las multinacionales se apuraron para instalar plantas de procesamiento.
Así se inició una era en que el petróleo permitió crecer al Estado, creando empleo público, y contratando por fuertes sumas con proveedores y constructores. Las divisas petroleras permitían relegar a segundo plano al sector exportador (lo que se denomina enfermedad holandesa). El país vivió al margen de la necesidad de competir en los mercados internacionales para sobrevivir.
Los momentos de bonanza se alternaron con los de crisis, cuando caía el precio del petróleo (1982/83 y 1998/99) o se interrumpía el flujo por el oleoducto (el terremoto de 1987). La bonanza retornaba al recuperarse el precio del petróleo. Este modelo fue llevado a su extremo por el correato, que se benefició de una extraordinaria bonanza petrolera. Correa complementó la renta petrolera con crédito internacional y triplicó el rol de pagos del Estado. Parte del gasto corriente fue maquillado como de inversión (según el FMI).
Hoy, el petróleo está a un buen precio: mejor que el de cualquier año entre 1984 y 2004 (ajustado a la inflación). Pero el Estado se agigantó tanto que todos esos ingresos petroleros cubren sólo una pequeña parte del gasto. Ya la banca internacional no está dispuesta a seguir financiando la farra. Ni siquiera un retorno a los precios extraordinarios de 2004 a 2014 nos salva. La dolarización impide licuar los gastos con devaluación.
No queda más que superar el chuchaqui y comenzar a ponernos en forma. Este gobierno y quien sea su sucesor tienen dos opciones: o reducir la adiposidad de la burocracia central, o Venezuela. El sector “intocable” de la administración pública, educación y salud, tienen que aprender a dar mejor servicio con los mismos fondos, porque no habrá más.
La empresa privada tiene que dirigir su inversión no ha proyectos sobre los que el Estado extiende su manto protector, sino a aquellos en que puede superar a la competencia internacional tanto en el mercado interno como el externo. Volvemos a la normalidad. Este medio siglo fue excepcional. Ya es historia.