Sebastián Mantilla

Extirpar la corrupción

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Miércoles 18 de octubre 2017

En un reciente informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Ecuador se encuentra dentro del grupo de los 3 países más corruptos de América Latina. Si tomamos en cuenta las revelaciones que se han hecho en estos meses en torno del caso Odebrecht, lo cual ha llevado a la prisión preventiva del vicepresidente sin funciones Jorge Glas y otros 16 presuntos implicados, para el 2018 posiblemente estemos en el deshonroso primer lugar.

El problema de que los niveles de corrupción se hayan disparado en el Ecuador se debe a los cambios legales e institucionales que se hicieron en los 10 años Revolución Ciudadana. La creación del mal llamado Quinto Poder sirvió para que el Ejecutivo tenga plena discrecionalidad en la designación de las máximas autoridades de control. Esto les aseguró amplios márgenes de impunidad pero también que todo intento por denunciar presuntos actos de corrupción sea limitado a través del uso del sistema de justicia. Por este motivo, la pregunta de la Consulta Popular de “reestructurar” el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se queda corta.

Lo mismo sucede con la primera pregunta. Enmendar la Constitución de la República para que se incluya lo que se ha llamado como “muerte civil” puede ayudar. En los países de la región donde ya se ha aplicado está sanción no ha servido para reducir los altos índices de corrupción.

Sin embargo, hay otras acciones que pueden hacerse para combatir la corrupción como es mejorar la transparencia en la gestión pública, eliminando, por ejemplo, el secretismo o la condición de reservados de contratos celebrados por el Estado. Algunos de los contratos firmados en el gobierno anterior, curiosamente en los cuales se han detectado sobreprecios y adjudicaciones cuestionadas, tuvieron la condición de reservados. Pese a la vigencia de la Ley de Transparencia, prevaleció el secretismo.

Reformar la Ley de Comunicación para evitar justamente que el poder político persiga a los medios y periodistas que denuncian casos de corrupción es prioritario. Esta ley no puede verse como un instrumento que va a garantizar el derecho de comunicación. Al contrario, ha sido un instrumento de persecución.

En esa misma línea, es preciso erradicar los Decretos de Emergencia para evitar la entrega de contratos a dedo. Endurecer aún más las penas por cohecho, lavado, concusión, enriquecimiento ilícito, etc. Restituir los informes previos de Contraloría como requisito para la contratación pública. Que para iniciar las investigaciones en los diferentes delitos de corrupción no sean únicamente necesarios los informes de responsabilidad penal que hace la Contraloría.

Como podrán apreciar, extirpar la corrupción requiere un conjunto sostenido y sistemático de acciones que superan lo establecido en las preguntas de la consulta popular. Hacia allá debería encaminarse la “cirugía mayor” de la que ha hablado el presidente Moreno.