El mundo y particularmente América Latina tienden cada vez a ser más urbanos. Si la tasa de urbanización de la región en 1950 era del 41% en el 2010 alcanzó el 79%. Para el 2040, aproximadamente el 90% de la población latinoamericana vivirá en ciudades.
Ecuador no es ajeno a esta realidad. La población urbana pasó del 28% al 67% desde 1950 al 2010. Esto representa un gran reto tanto para las autoridades nacionales cuanto para las locales, ya que implica generar las condiciones para un desarrollo urbano ambientalmente sostenible, resiliente, democrático e inclusivo.
Para los gobiernos subnacionales esto implica atender de manera adecuada los requerimientos y demandas que se generarán en el ámbito de la vivienda, infraestructura, servicios básicos, seguridad alimentaria, salud, educación, trabajo decente, seguridad y recursos naturales, entre otros.
Si se presta atención a lo que sucede actualmente en muchas ciudades de la región, se puede apreciar la existencia de una serie de problemas: acceso limitado a servicios básicos, pobreza, desigualdad y segregación espacial, exclusión social, desempleo, criminalización de grupos desfavorecidos y vulnerables, contaminación ambiental, violencia, etc.
Por este motivo, las soluciones a los problemas presentes y futuros de las ciudades deben ser conjuntas e integrales.
No se puede trabajar solo en movilidad sin prestar atención a lo que pasa con los programas sociales.
No se puede trabajar solo en vialidad sin prestar atención al equipamiento urbano y la plena dotación de servicios públicos como agua, alcantarillado y manejo de la basura.
Tal vez esta es una de las explicaciones que explica la situación actual de una ciudad como Quito.
Y aunque hay una serie de iniciativas internacionales en el ámbito de las ciudades, una de ellas tiene que ver con la idea de tener ciudades inclusivas. Ciudades que promueven modelos sostenibles de inclusión y cohesión social, así como mecanismos de garantía de los derechos humanos.
Esto choca hasta cierto punto con el modelo “liberal” de desarrollo urbano el cual se enfoca en los aspectos de competitividad, innovación, atracción de negocios e incluso mercantilización de la tierra.
Esto no genera necesariamente inclusión sino exclusión social. Ni siquiera esto último se ha podido aplicar hasta el momento en Ecuador. Las ciudades inclusivas apuntan a considerar a los territorios como espacios para el ejercicio y cumplimiento de los derechos.
Es decir, ciudades donde se respetan y cumplen los derechos humanos. Democráticas en el sentido de trabajar en la transparencia y participación social. Sostenibles a través del equilibrio entre las zonas urbanas y rurales. Productivas pero bajo criterios de desarrollo económico local endógenos y sostenibles con el ambiente. Multiculturales y acogedoras para todos.