La confrontación permanente, la minimización, descalificación y criminalización de la crítica y de la protesta, han sido una constante de la estrategia política oficial desde sus inicios. Le dio buenos resultados en los primeros años de bonanza.
Más tarde, frente al cambio de escenario económico, las cosas cambiaron dramáticamente. Más y más sectores quieren que su voz sea escuchada, y ya no están dispuestos a soportar el maltrato. Superando el miedo, se organizan, y frente al sistemático cierre de todos los espacios de conversa, toman las calles, ya no solo de Quito, sino de muchas ciudades y pueblos. Es más, en las últimas jornadas, los grandes protagonistas son múltiples comunidades rurales indígenas.
A pesar del evidente aumento de la ola de descontento y protesta, la estrategia gubernamental se ha endurecido. La movilización social no solo es minimizada, sino despreciada,
a través de símbolos imperiales romanos: frente a una ciudad levantada, el oficialismo, protegido por cientos de elementos armados, canta y baila, cual Nerón frente a la Roma en llamas.
La estrategia de confrontación se ha agudizado con la creciente represión de la Policía, e incluso de las FF.AA. Las cárceles se llenan y los escasos canales de comunicación democrática se cierran peligrosamente.
Las marchas populares, a pesar del esfuerzo de sus dirigentes que promueven acciones pacíficas, son infiltradas por violentos
( ¿ agentes oficiales o militantes extremistas?). La violencia crece.
Los demócratas del Ecuador no pueden permitir que escale la violencia. Los dirigentes y las organizaciones, sin bajar sus convicciones, deberían asumir fórmulas no violentas de protesta. A través de las calles retomar la política como espacio de deliberación sin sectarismo ni dogmatismo, estableciendo puentes para alianzas amplias con otras expresiones democráticas.
Las FF.AA. deben recordar su doctrina: no disparar al pueblo. También proteger su prestigio y buena parte de su historia, que las hace diferentes de las FF.AA. gorilas y represoras del Cono Sur o Centroamérica y, leer la Constitución. “Art. 158: Las Fuerzas Armadas y la Policía son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional”. Y, sobre todo, esta parte del Art. 159: “La obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten”.
Pero la fórmula para que bajen las tensiones está en manos del Gobierno: archivar la enmienda de reelección indefinida y llamar a un acuerdo nacional para enfrentar la enorme crisis económica que está encima.