Es indudable que el mundo actual, de las “nuevas teorías revolucionarias”, vive un ambiente de confrontación, odio, intolerancia, autoritarismo, abusos y corrupción desde el poder, imposición de los dogmas –religiosos, políticos, económicos- y del pensamiento único, lo que no refleja la plena vigencia de una democracia. Esto atenta contra las libertades y los DD.HH., que incomodan al que ejerce el poder.
Lo sucedido en París con el ataque terrorista contra el semanario Charlie Hebdo, medio de la prensa francesa que a su estilo duro e irreverente presentaba el humor, es una demostración más de otro atentado contra la libertad de expresión y de opinión. Según el embajador de Francia en el Ecuador, Francois Gauthier, no se puede transigir con la defensa irrestricta de las libertades y se debe vencer el miedo.
Existe una corriente que busca controlar la libertad de expresión y de opinión, que es consustancial con el ser humano, que nace con la persona y no es una dádiva de ningún poder. Por ello, luego de los horrores de dos guerras mundiales se estableció en 1948 la Carta Universal de los DD.HH., cuyo primer artículo señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
El artículo 19 expresa que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión y que este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitaciones.
Se puede abundar en argumentos, pero resulta inoficioso en una época de atropellos porque el poder irrespeta todo e intenta imponer su posición única, en contraste con las reiteradas invocaciones del papa Francisco sobre la necesidad de lograr la paz, el diálogo, el perdón, la tolerancia y mayor respeto al prójimo, cualquiera que sea su pensamiento. Al que discrepa y critica no se lo puede colocar como enemigo al que hay que doblegarlo, humillarlo y aniquilarlo.
Los malos ejemplos de intolerancia se expresan de diversa manera y llevan a acciones impredecibles. En unos países penetran con extremada violencia y ataques terroristas. El caso último en Francia. En otros, con controles a la comunicación, sanciones, imposiciones con propaganda, coerciones contra la libertad de expresión y de opinión.
Se proscribe la práctica de los derechos y hay una degradación de los conceptos al tratar de poner a la comunicación al nivel de los servicios públicos como el agua, el saneamiento, las telecomunicaciones, la energía eléctrica, la vialidad.
Y pensar que existen comunicadores que creen que eso está bien y que quieren vivir controlados, aunque hoy gocen temporalmente de la protección del poder, lo que genera un evidente desconcierto entre quienes están en formación y algunos consideran que eso es lo correcto, sin reparar que representa el renunciamiento de las libertades individuales.