Miguel Rivadeneira

Mayor firmeza con Venezuela

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La crisis espantosa que vive Venezuela merece una posición más firme, fundamentalmente por la flagrante violación de DD.HH., las libertades individuales, contra la libre expresión, la vulneración de derechos políticos, con tantos presos políticos en las cárceles, que ha llevado a la condena mundial por la forma como el gobierno autoritario de Maduro, usurpador del poder, le lleva a su pueblo a la total destrucción.

Como bien ha hecho la mayoría de países democráticos del planeta, no se puede reconocer ni mirar con desdén las atrocidades que a diario cometen en nombre de la revolución bolivariana (ejemplo para el nefasto correísmo), que le ha llevado a la peor crisis de su historia, con los peores indicadores del mundo en seguridad, violencia, delincuencia, corrupción, narcotráfico, profundo deterioro de la salud y sus indicadores económicos y sociales reflejados en la pobreza. Por todo esto, centenares de miles de venezolanos huyen de su país. Unas FF.AA. vinculadas a la corrupción, que han tomado partido mientras su pueblo se muere de hambre.

Es evidente que Venezuela (igual que Nicaragua y Cuba) no tiene democracia y sufre de la concentración del poder en pocas manos, del partido único (como en Ecuador pretendiera el correísmo con la falsa revolución ciudadana) y en algunos casos de familias que antes combatieron a las dictaduras y que luego cayeron en peores prácticas. Que digan los jóvenes venezolanos y nicaragüenses y prelados de la Iglesia Católica, que han asumido posiciones valientes.

El Ecuador, que positivamente durante este gobierno en este año ha rescatado y demostrado respeto a los DD.HH. y las libertades, en contraste con los abusos del déspota de la década pasada, debe reivindicar la posición que liderara en la región en 1979. El presidente demócrata, Jaime Roldós, lideró la aprobación en 1980 de la Carta de Conducta de Riobamba, como un hito en la lucha por la defensa de los DD.HH., que firmaran los mandatarios de Colombia, Venezuela, Costa Rica, Panamá y los representantes de los presidentes de Perú y del Gobierno Español.

Cuando hoy hablan del respeto a “la libre determinación de los pueblos y la no injerencia en asuntos internos de cada Estado” se atenta contra la Carta de Conducta de avanzada, que reiterara el compromiso solemne de que el respeto de los DD.HH., políticos, económicos y sociales va mucho más allá y constituye una norma fundamental de la conducta interna de los estados. Su defensa, según la declaración, es una obligación internacional de los Estados y que la acción conjunta ejercida en protección de esos derechos “no viola el principio de no intervención”. Por eso no se puede mirar con tibieza la repudiable violación de los derechos, con sangre, fuego y asesinatos.