Es hora de decir en el Ecuador basta a tanta muerte en las vías y basta a la acción de los gremios del volante, que han chantajeado a las autoridades y han controlado el transporte terrestre. Se ha comprobado que más del 90 % de accidentes de tránsito obedece a la impericia de los conductores y la falta de una plena aplicación de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, vigente desde el 2008.
Hay que reconocer la apertura y decisión de las actuales autoridades, que abrieron las puertas a las organizaciones que han hecho veeduría social y han aportado positivamente al análisis de este problema como son Justicia Vial y Covial. Eso incluso llevó al pacto social por la seguridad vial y hoy existe el gran desafío de enfrentar a las mafias que llevaron a la expedición y venta de más de 16 mil licencias falsificadas que, según las autoridades de la ANT, están siendo revocadas y que fueron demandadas a la Fiscalía pero que demora sus investigaciones.
Esto contrasta con lo que ocurriera en el anterior gobierno nefasto del correísmo, que ocultó y maquilló cifras e incluso tuvo dos asambleístas -dirigentes de federaciones de la transportación y por tanto jueces y parte- que consiguieron flexibilizar los controles, reducir las revisiones de las unidades de transportación pública y que sean los gremios los que capaciten y entreguen licencias.
Hoy existe el desafío de evaluar a la clase del volante y determinar su nivel de preparación, pero resulta audaz que unos que tienen licencia profesional argumenten que necesitan más tiempo para capacitarse antes de someterse a las pruebas. Se entiende que cuando recibieron la credencial habían pasado las pruebas de suficiencia. ¿Cómo sacaron las licencias? Si alrededor del 40 % de evaluados no pasó el examen debe alarmar al país y preguntarse en manos de quiénes está la conducción del transporte público.
Tiene que evaluarse a las escuelas de conducción que han estado vinculadas a los sindicatos y determinar los niveles de capacitación que han tenido. Según denuncia de Justicia Vial, en los gremios de choferes se vendían licencias en forma fraudulenta, lo cual es grave. Cuántos de esos conductores llevan pasajeros a diario. De acuerdo con la ley, de los resultados de la evaluación de estas escuelas tiene que procederse al cierre de las mismas.
La ley ha sido pisoteada e incumplida; para febrero del 2009 debía incluirse en los planes de educación los temas relacionados con la educación vial. La ley (artículo 4) dispone la enseñanza obligatoria en todos los establecimientos de educación públicos y privados del país en todos sus niveles los temas relacionados con la prevención y la seguridad vial. Nueve años después, recién se acaba de incluir en los primeros niveles. Más vale tarde que nunca.