El pronunciamiento del gobierno de cambiar el rumbo en la administración de la economía y admitir al sector privado como el motor de la misma es muy importante en el proceso de incrementar la producción, pues aquello genera renta y demanda, formando un triángulo virtuoso que permite el desarrollo del sector interno y crea un potencial comercial hacia afuera a través de las exportaciones.
La crisis nacional así lo requiere, pues el enorme gasto público realizado en los años anteriores nos está pasando factura hoy, los aprietos de liquidez que vive permanentemente la caja fiscal, el constante endeudamiento interno y externo a efectos de cumplir con obligaciones locales y externas, el aumento del desempleo, son evidencias.
Las cifras de la Pro forma presupuestaria son críticas, el déficit fiscal total no disminuye como quisiéramos (3.655 millones para 2019), los esfuerzos de austeridad no son suficientes, los pasivos con el exterior crecen constantemente, las salidas de capital por amortizaciones e intereses se acercan a los USD 8 mil millones y la inversión extranjera no llega no obstante los esfuerzos del gobierno por estabilizar el marco jurídico y preparar todo un plan expresado en la Ley de Fomento Productivo emitida hace pocos meses.
Pero adicionalmente existen otros factores críticos sobre los cuales hace falta tomar conciencia y poner empeño, se trata de la productividad y competitividad de nuestro sector productivo, factores que nos mantienen a la cola de economías vecinas como Colombia y Perú y muy lejanos a países como Chile, que evidencia cada día su progreso y desarrollo, el cual se lo ve y siente en la región, no en vano fue uno de los invitados a la reunión del G20 realizada recientemente en Argentina.
En efecto, según un estudio de la Superintendencia de Compañías (2018), la productividad del sector manufacturero habría crecido tan sólo en 0.35% en el período 2013-2017, mientras el World Economic Forum (WEF) en su Informe Global de competitividad 2018, presentado en octubre último ubica al Ecuador en el puesto 86 de competitividad global (IGC) de entre 140 economías, mientras Colombia ostenta el puesto 60 y Perú el 63 y en el puesto 13 entre 21 economías latinoamericanas, únicamente por sobre algunos países centroamericanos y Venezuela.
Apremia no solo la declaración de fortalecer el sector productivo sino la decisión firme de avanzar, con el compromiso serio del sector privado de mejorar su estructura, optimizar y perfeccionar su matriz productiva, adoptar tecnologías avanzadas, técnicas nuevas, en un marco de conservación y protección ambiental y responsabilidad social, para competir con la región e ingresar en condiciones favorables en el mercado global, en tanto que el sector público formule políticas públicas adecuadas y genere confianza.