Manuel Terán

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Miércoles 26 de septiembre 2018

La herencia de una década en la que se pretendió moldear una institucionalidad a las necesidades de un caudillo y de un movimiento político que no creía en el balance de los poderes, ni en el respeto a la opinión contraria que, a nombre de un concepto de democracia hueco, intentó desmantelar lo poco que se construyó en casi dos siglos de historia republicana, ha sido mucho más imbricada que lo que se pensaba y resistente a las esfuerzos que bregan por reinstaurar en el país un marco jurídico realmente republicano, que respete las libertades teniendo como expresión mayúscula la independencia de las funciones estatales, a fin de que reflejen los contrapesos que sirvan para equilibrar las distintas opiniones en una sociedad que merezca denominarse democrática. En esta tarea han habido tropiezos que lejos de ayudar a lo preeminente han servido, quizás sin proponérselo, a dar argumentos a los secuaces del intento totalitario que amplifican cualquier acción salida de tono en la que han caído los encargados de buscar desmontar el entramado jurídico creado, para asegurarse el control a la distancia de los poderes públicos y evitar, si por alguna razón fallasen sus cálculos, responder ante la justicia y los órganos de control por sus acciones contrarias a la ley mientras ejercieron funciones públicas.

Quizá las sospechas nuevamente afloran por el diseño de los procesos para seleccionar a los que integraran organismos claves para el funcionamiento del Estado. Por allí vuelven a aparecer los intereses políticos o corporativistas para intentar captar posiciones, que hacen temer que construir institucionalidad premiando los méritos y escogiendo a personas que por su conocimiento adquirido, ya sea a través de la cátedra o la práctica profesional y cuyo proceder sea intachable y alejado de cualquier viso de parcialidad o falta de independencia, quede en aspiración o quimera.

Probablemente es el momento de un gran acuerdo nacional para buscar que la selección de aquellos que a futuro tengan en sus manos la reforma de la justicia o deban pronunciarse sobre asuntos de gran trascendencia nacional sean los mejores cuadros posibles, que no tengan ningún compromiso con los titulares de los órganos postulantes ni sean cuadros políticos con consignas trazadas, que les esté vedado en el ejercicio de sus funciones llevar a la práctica tareas que respondan a un determinado interés particular o de grupo.

Si no se aprende de la nefasta experiencia pasada el país se dirigirá rumbo a un derrotero en que se continuarán perdiendo y malgastando oportunidades para poner en marcha una profunda y real transformación, con el resultado que demorarán aún más los tiempos en los que podamos reorientarnos en una verdadera senda de desarrollo, que tenga como tarea primordial buscar el bienestar de todos los que integramos esta nación que nuevamente se encuentra en ciernes, esperando dar el salto apropiado para convertirse en un auténtico estado moderno.