Si algún organismo estatal puede revelar las consecuencias de una mala gestión ese, sin duda, es el IESS. Desde hace algún rato se viene advirtiendo la precaria situación por la que atraviesa el ente encargado de administrar la seguridad social en el Ecuador, el que por décadas va experimentando un permanente deterioro que se agravó en los últimos años por la politiquería que se instaló con fuerza en su interior. La ampliación de la población que recibe sus servicios sin que de otro lado exista contraprestación alguna, el ingreso a niveles escalofriantes de trabajadores producto de los compromisos políticos van mermando los recursos; y, por ende, la calidad de los servicios que está obligada a prestar esa institución. Un reportaje aparecido en este diario señala que existe alrededor de 10.000 funcionarios administrativos ¿es necesaria esa cantidad de empleados? La nómina para cubrir sueldos a ese grupo de trabajadores asciende aproximadamente a 250 millones de dólares anuales, cifra que serviría para pagar a cerca de 40.000 jubilados que recibirían una pensión de 500 dólares al mes. Aquello sólo en el área administrativa. De otro lado habría que realizar una auditoría especializada para saber si el número de servidores que se encuentran en el área de salud está haciendo una gestión eficiente o existe desperdicio de recursos. Comentarios de ex funcionarios de hospitales del IESS sugieren que la administración es errónea; y, por la percepción de la mayoría de pacientes, parecería que les asiste toda la razón.
En ese escenario ¿qué se puede hacer para mejorar a futuro las condiciones de la seguridad social y que la población afiliada tenga la certeza que el dinero que por ley debe depositar en ella no se está echando a saco roto? Antes que nada se debería proceder a una reingeniería laboral, para que se queden en la institución sólo los trabajadores necesarios e indispensables, los que realmente sean requeridos para prestar un servicio eficiente y adecuado.
Además se vuelve imperioso analizar la elevación de la edad para jubilación, tema que ahora es motivo de discusión en varios países y que también tiene que ser materia de debate en el Ecuador; para de manera consensuada legislar sobre la forma escalonada para la época de la transición. Ningún sistema de seguridad social en el mundo se abstrae este momento de una realidad que conoce se acerca a pasos agigantados. La mayor expectativa de vida de la población implica que se tome en cuenta esas nuevas variables si no se quiere que más adelante el sistema estalle irremediablemente.
Ir por la propuesta fácil y demagógica de elevar las cotizaciones no hará sino empeorar la situación. Si no se corrige el despilfarro y el gasto desenfrenado en rubros ajenos a la prestación de servicios de calidad, inyectar recursos sería un desperdicio imperdonable. No hay que olvidar que el Estado también realiza un aporte que va en directo beneficio de quienes fueron trabajadores cotizantes, subsidio que no reciben precisamente los que estuvieron al margen del mercado laboral formal. ¿Resultará sostenible?