Definiciones

Dadas las actuales circunstancias de angustia de la caja fiscal, es claro que la necesidad de tomar medidas que reduzcan el déficit existente es inminente; y, como lo recalcaron varias voces especializadas durante más de una década en que imperó la necedad aderezada con novelería, si no se actúa con oportunidad las consecuencias de permanecer impávidos pueden ser muy dolorosas.

El hecho que no se emprenda con iniciativas dirigidas a tratar de frenar el deterioro de las cifras lo único que hace es posponer el desenlace de lo inevitable por lo que, viendo bien, se está ante dos opciones: o se explica a la ciudadanía adecuadamente el momento difícil por el que se atraviesa y se conmina al diálogo a los diferentes sectores sociales para en forma consensuada adoptar los correctivos que sean necesarios; o, de forma silenciosa la economía en general continúa buscando recuperar el equilibrio con las secuelas recesivas que se están manifestando y que debilitan aún más los precarios índices de empleo.

Cabría otra forma pero que, por las manifestaciones de las autoridades de gobierno, resulta impensable que llegaran a tomar forma. A falta de consenso a la administración le correspondería actuar, pero aquello luce improbable en un gobierno que no cuenta con respaldo político y que sus índices de aceptación han ido a la baja. Basta ver lo sucedido en estos 18 meses repletos de contradicciones.

¿Cuáles podrían ser las bases de un acuerdo? Allí está el tema crucial que, de producirse, podríamos considerar creer en los milagros. Pero un gobierno serio debería plantear la necesidad de alcanzar consensos con fórmulas que puedan ser aceptadas por los agentes económicos. Habría que partir de una premisa: el sector formal de la economía ha sido sometido a una carga fiscal muy pesada. Hay que indicar que, a diferencia de otros países de la Región, aquí la mayor presión radica en los impuestos directos, mientras que en los otros la base de la recaudación son los impuestos indirectos.

Hay que apuntar que en Ecuador una persona natural domiciliada en el país que recibe un dividendo puede llegar a cancelar hasta el 35% por concepto de impuesto a la renta. Pero se debe resaltar que, para calcular la base imponible en forma previa se habrá disminuido de la utilidad de la empresa el 15% para trabajadores. En consecuencia, el valor que efectivamente percibe el inversionista local se ha visto aminorado en el 44,75 %. Se podrá decir que esta tasa está en los parámetros de países del primer mundo pero, la verdad es que con respecto a los vecinos es significativamente superior.

Habría que encontrar el equilibrio necesario y ponerse a tono con la situación imperante en el Región y, por supuesto, afinar la punta del lápiz para corregir espacios que permiten la elusión pero también para eliminar los abusos de la administración. Si se empezara por allí probablemente estaríamos enviando el mensaje a los mismos nacionales que inviertan en el país y traigan sus capitales si los tienen fuera. Podría ser el primer paso para ser coherentes con la prédica de fomentar la inversión.

Suplementos digitales