León Roldós

Buena Ley, pero…

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El 14 de agosto del 2018, se aprobó en la Asamblea Nacional la Ley Orgánica de Lucha contra la Corrupción, con 107 votos a favor, ningún voto en contra y con una sola abstención.
La Ley está para la sanción –u objeción total o parcial- del Presidente Lenín Moreno, que debe pronunciarse, hasta el fin de la presente semana. Lo bueno está en la mayor parte de los textos.

Se regresa al informe previo motivado de la Contraloría en la contratación pública en el Ecuador, cuya eliminación fue una obsesión del ex – presidente Correa, desde que llegó al poder en 2007. La mancha de la corrupción fue una de las consecuencias de aquello, por el libertinaje que se dio en la contratación pública. No se requerirá informe previo de indicios de responsabilidad penal de la Contraloría para la investigación en la Fiscalía en los casos de peculado y enriquecimiento ilícito, pero se lo requerirá para fundamentar la acusación fiscal en la audiencia de evaluación y preparatoria del juicio penal.

Se mejora la normativa para comiso de bienes, en casos de delitos contra la administración pública, no limitándolo a los vinculados con la infracción penal, sino también para el resarcimiento de perjuicios. Por excepción, podrá haber comiso aun sin sentencia ejecutoriada, en casos de lavado de activos, testaferrismo y otros.

El principal “pero”, lo señala César Montúfar. En el Código Orgánico Integral Penal hay dos tipos penales para sancionar a integrantes de colectivos involucrados en conductas ilícitas. El Art. 369 trata de la “Delincuencia Organizada” y el Art. 370 del delito de “Asociación Ilícita” cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos, sancionados con pena privativa de libertad de menos de cinco años, cada una de ellas será sancionada, por el solo hecho de la asociación, no condicionada a la ejecución de otro delito que se consuma.

En la reciente ley, se modifica el Art. 370, ya no sería “por el sólo hecho de la asociación”, sino que se define que si hay delitos consumados, ya no se sancionaría la sola asociación.

Podría legislarse – sólo posible en base del veto presidencial- que si una persona es procesada por la sola asociación y además por el delito consumado, se aplique la mayor de las penas; pero alguien sólo podría ser procesado por la asociación ilícita –el caso del Ing. Jorge Glas- y entonces la pena debería mantenerse.

Montúfar acusa que la reforma del Art. 370 del COIP, beneficiaría con libertad inmediata al Ing. Jorge Glas, porque sólo se lo procesó y juzgó por asociación ilícita. Su tío Rivera si tiene otros procesos.

Es cuestión que el veto parcial, no permita ni genere un equívoco.

Las leyes no deben ser para perseguir ni para favorecer a alguien en singular.