Para los ecuatorianos del común, el proceso que se sigue en contra del vicepresidente Glas ha puesto en evidencia algunos hechos visibles como una montaña: una corrupción difundida en la vida política que indigna con cada caso específico que se descubre; una institucionalidad que eliminó o no usó los sistemas de fiscalización y control para evitar tal corrupción; indicios de que Glas, a cuyo cargo estuvo el sector estatal en el que más irregularidades se cometieron es responsable “coadyuvante”, al menos, por no haberlas impedido. El pueblo está llegando a concluir que el ex presidente Correa, como jefe de Estado y autoridad máxima de la administración pública, tiene también responsabilidad directa o indirecta en esta bochornosa materia.
La defensa de los acusados ha hecho uso de recursos que pueden ser legales pero que buscan eludir el examen sustantivo del problema y dejar en nada la lucha contra la impunidad y la corrupción, por razones de forma. El pueblo está hastiado de las “leguleyadas” y quiere que se imparta justicia y que quienes le estafaron paguen su culpa y devuelvan los dineros mal habidos.
La respuesta del señor Glas a las acusaciones del fiscal ha consistido en alegar la presunción de inocencia y negar que haya prueba alguna para incriminarle, alegaciones que nada dicen sobre los abrumadores indicios que diariamente crecen y le señalan con el dedo. El pueblo desconfía cada vez más de la ley, de la justicia y de quienes están llamados a aplicarlas. Y Glas, con tozudez que perjudica a toda la nación, se aferra a su imposible cargo y se niega a renunciar. Mientras, en Bruselas, Correa se descompone e invita al mundo a “temblar porque se comete una injusticia contra un inocente”, el dividido y ahora caótico partido Alianza Pays sigue anteponiendo sus intereses a los de la nación.
Quien dirige una institución responde por cuanto en ella se haga o deje de hacer. Para eso tiene la autoridad que le confiere la ley. Si hubiera participado en actos delictivos es responsable penalmente. Si tal no fuere el caso, tiene una responsabilidad política. Haber manifestado desconocer, por más de una década, que en el seno de la institución a su cargo se cometían delitos, demuestra incompetencia, negligencia o complicidad imperdonables.
A quienes fueron serviles por más de diez años y que ahora, tardíamente, ven la luz, Correa les tilda de “traidores”, olvidando que él mismo les nombró, les mantuvo en el cargo y les agasajó y respaldó cuando surgieron las primeras denuncias de corrupción que ahora no puede negar y que él -¡supremo ingenuo!- dice haber desconocido absolutamente.
Mientras el proceso judicial avanza penosamente, la telaraña va envolviendo a muchos otros responsables. ¿Escapará de ella el ex presidente Correa?