José Ayala Lasso

Tremendo fallo arbitral

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Al conocer el fallo del tribunal arbitral de La Haya sobre el caso Chevron, el país reaccionó con desconcierto, no tanto por la complejidad del tema sino porque nada se sabía sobre el significado económico de tal sentencia e instintivamente la comparaba con los escándalos de Odebrecht, las centrales eléctricas, Yachay, las plataformas gubernamentales, los contratos a los asesores de los asambleístas y decenas de otras corruptelas que diariamente salen a la luz y describen, de la cabeza a los pies, la naturaleza de Correa y su revolución.

Sabemos ahora que el Ecuador está enfrentando 26 juicios similares al caso Chevron y que las demandas en su contra suman alrededor de USD 13.000 millones.

Durante su gobierno, Correa reconoció que en el juicio seguido por la Oxy, el Ecuador había sido sentenciado a pagar alrededor de USD 1.000 millones. Cuando un Estado serio y respetuoso de la norma del derecho es eventualmente condenado por la justicia, debe acatar la sentencia condenatoria y hacer honor a su palabra. Debe pagar.

Pero al enfrentar 26 procesos judiciales, bien vale la pena preguntarse por la causa de tanta demanda. Siempre habrá empresas que, por incumplir sus contratos con el Estado, se hagan acreedoras a medidas punitivas, las cuestionen e interpongan recursos legales. Corresponderá entonces organizar la defensa de los intereses nacionales con argumentos sólidamente fundamentados en la norma jurídica.

Pero, al poner fin a la relación contractual, Correa pretendía haber salido a la lid para proteger la soberanía nacional y hacer frente a lo que consideraba abusos del imperio y de sus agentes capitalistas. Lo malo es que, así como se consideró el jefe de todas las funciones del Estado, supuso que defender la soberanía nacional consistía en seguir ciegamente los dictados de su personalidad ególatra. Se atribuyó la capacidad de saberlo todo y de poseer los argumentos necesarios para desbaratar a su rival en contiendas verbales o legales. Poco conocía, en realidad, de lo que verdaderamente es la dignidad de una nación y nada de lo que es el ejercicio responsable de la soberanía nacional. Desconocía también que las demandas judiciales se ganan con argumentos fundamentados en la ley y no mediante campañas mediáticas aptas para convencer al pueblo en procesos electorales, pero no suficientes para influir en jueces probos llamados a decidir conforme al derecho.

El laudo arbitral último, en la que originalmente fue una disputa entre privados y que terminó involucrando al estado ecuatoriano porque Correa quebrantó la independencia del poder judicial del que se había proclamado su jefe, es una consecuencia de la forma en que Correa decidía, sin el análisis necesario de causas y consecuencias, para demostrar que su voluntad era la ley.