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Miércoles 29 de noviembre 2017

Acaba de ser anunciada, hace pocos días, la condena a cadena perpetua de Ratko Mladic, ex General del Ejército serbobosnio durante el conflicto en los Balcanes, quien entre 1992 y 1995 fue responsable de múltiples atrocidades incluido el genocidio de Srebrenica. La sentencia provino del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) por resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 1993, que disponía juzgar las graves violaciones del derecho internacional humanitario en dicho conflicto desde 1991.

Al anunciarse la sentencia, se dieron expresiones de júbilo de parte de sobrevivientes de las masacres y parientes y allegados de las víctimas, quienes celebraban el hecho de que se había “hecho justicia”.

Podríamos pensar que tal vez, algún día, el Consejo de Seguridad pudiera tomar una resolución similar, en virtud de la cual se pudiera establecer un Tribunal Penal Especial para Venezuela (TPEV) que deba juzgar las graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en dicho país en los años recientes. Y podríamos suponer, también, que luego de más de 20 años, que es el tiempo transcurrido hasta la condena de Mladic, saldrían a las calles miles de venezolanos, y seguramente ciudadanos de muchos otros países de todo el mundo, a celebrar la condena de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros miembros de la siniestra banda que tiene secuestrado y sufriendo a su infortunado pueblo.

Y entretanto, ahí siguen, torturando a sus propios ciudadanos con una hiperinflación de más del 50 % por mes, a la cual responden decretando un ridículo aumento salarial del 30 %, escasez de casi todo lo necesario para vivir ni siquiera ya una vida digna, sino solo para sobrevivir bajo una continuada represión que se burla de la constitución, de las de leyes y del más elemental sentido de decencia. Ahí siguen, protegidos tras un escudo –el principio de la no intervención- que no debería protegerles de una acción decidida y valiente de parte de los países de nuestro continente que pudiesen cumplir con la Responsabilidad de Proteger.

Si llegase a haber un TPEV, ¿no cabría que éste juzgue no solo a los directamente responsables de la tragedia venezolana sino también, como cómplices y encubridores, a todos los responsables de los gobiernos latinoamericanos que permitieron y permiten aún las graves violaciones del derecho internacional humanitario que se cometen cada día en esa asolada tierra? ¿Es posible que nos quedemos tranquilos con solo pensar que, algún día, algunos de estos verdugos de su propio pueblo serán castigados? ¿Seguimos siendo tan primitivos, en el fondo, que nos satisfacemos con solo la Ley del Talión? ¿Qué sigan dándose las atrocidades y, luego, castigo, venganza, y todo estará bien?