El 2014 fue de cambios políticos. La derrota electoral de AP se debe en parte al personalismo exacerbado del Gobierno, le demandaría redefiniciones pero el Presidente afirmó lo contrario e intensificó su campaña electoral, que lo vuelve indispensable.
Sin embargo, subrayo dos modificaciones en el modo de hacer política. Una es buscar más nexos con lo local, a través de los poderes locales, por el aumento de presiones para que los alcaldes sigan las posiciones gubernamentales, y por el incremento del clientelismo político, al ofrecer favores a cambio de adhesión al Gobierno o de conquistar votos.
Según Correa, por ejemplo, Esmeraldas será premiada con agua potable por haber votado por AP. Las presiones al nivel local son de todo tipo; la coerción con discursos presidenciales (Nebot, S. Quishpe..), promesas de recursos o lo contrario que pueden alentar o paralizar al electo local. Así gana poder personal el Presidente, pero se destruye el funcionamiento institucional.
Lo otro es captar aún más las organizaciones locales. Al inicio hubo cooptación de dirigentes con puestos públicos o con recursos, o las condenas verbales para excluirles y hacerles perder credibilidad. Sobre todo el Gobierno buscó ir por encima de ellas, eran “corporativas”, condenables según su visión y que con la ley puede ahora privarles del derecho a existir o controlarles.
La derrota electoral de febrero le lleva al Gobierno a intensificar su búsqueda que estas organizaciones estén de su lado y no hagan un trabajo de hormiga abonando ideas diferentes. Cualquier medio sería bueno para lograr mas votos para la reelección en 2017 y para que pierdan peso los contrincantes.
Ahora, entonces, tener organizaciones sociales y locales es importante, también crear organizaciones paralelas, pues valdrían porque representan sectores de la población y su opinión tendría valor.
Esto ha sido notorio con el FUT y la creación de la CUT oficial. Con los indígenas, paralelamente a quitarle el comodato de su local a la Conaie, crea una “Alianza Indígena por la Revolución Ciudadana” con indígenas funcionarios o de AP (una organización política) y Codenpe (entidad estatal) para “renovar las estructuras de las organizaciones indígenas y su representatividad”. Desvirtúa así a la Conaie, sus dirigentes serían desorientados porque ignorarían lo positivo del Gobierno con los indígenas.
La economía actual debería llevarle al Gobierno a cambiar estas prácticas, pero por ahora mantiene la coerción y su costoso rol de Papá Noel. Este pragmatismo del poder para ganar y ganar puede funcionar para las metas de Correa con AP, pero el sistema futuro no luce positivo con poca sociedad civil o cooptada por el poder y con gobiernos locales de autonomía disminuida. Es el fruto del exceso de personalismo o caudillismo en la política. Si AP quiere perdurar le conviene cambiarlo.