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Miércoles 26 de septiembre 2018

No hay duda. El caudillo está realmente acongojado por lo que le puede venir. Los procesos judiciales iniciados y por iniciarse pueden llevarlo con sus huesos a la cárcel, o a refugiarse en el país de su cónyuge como asilado. Se acabarán los continuos viajes alrededor del mundo, sus “conferencias magistrales” en universidades controladas por los políticos a quienes financió con dineros públicos del país y sus desplazamientos “por trabajo” para asistir a la inauguración del torneo mundial de futbol.

Así se explica la contratación de docenas de abogados y otros asesores (solamente en Ecuador tendría 11 en este momento) que junto a las viudas y viudos arman toda clase de estrategias y se mueven ante todo organismo internacional en el que aspiran tener eco con la supuesta persecución política de su cliente. No tienen empacho en recurrir a instituciones que en su momento las denigró o trató de desaparecerlas, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los organismos similares de Naciones Unidas. En desesperación, todo vale. Hay que deglutir el trago amargo de solicitar amparo a quienes atacó e insultó a lo largo de 10 años. Si de algo hizo gala en la década perdida fue de cinismo ilimitado. Hoy llaman persecución política a tímidas actuaciones de fiscales y jueces que se sienten obligados ante quien los designó.

Tampoco escasean recursos económicos. Los actos de corrupción montados desde lo más alto del poder habrían generado más de USD 30 mil millones, según la Comisión Ciudadana Anticorrupción. De manera que destinar dos o tres por ciento de esa descomunal cifra para defender al “líder”, mantener la guardia pretoriana que le acompaña y contratar abogados en todas partes, no desequilibra las finanzas de la “organización”.

Pero por primera vez quienes manejaron al Ecuador como hacienda propia, miran asustados que el cerco a su alrededor se va cerrando. Un vicepresidente en la cárcel, 15 o 20 ministros enjuiciados, presos o prófugos. Nuevas denuncias que van más allá de apropiaciones corruptas de dineros públicos, para incluir secuestros e intentos de asesinato ordenados por la cúpula y ejecutados por agencias públicas como la tristemente célebre Senain. El montaje del 30 S como un supuesto secuestro que permitió al retenido dar órdenes, llamar al teléfono dentro y fuera del país, dictar decretos y reunirse con varios de sus ministros. Todo, para tapar la torpeza del caudillo que regresó al cuartel de Policía después de haberlo abandonado perplejo y cabizbajo, a tratar de salvar su imagen de hombre poderoso y asegurar su permanencia en el poder.

A la ciudadanía que padeció la RC por una década, aún le queda por ver caer a héroes con pies de barro y a docenas de doctorados honoris causa huir como asustados roedores cuando la justicia se apresta a castigar los abusos, la corrupción y la soberbia.