Verdad y política nunca se han llevado bien; la mentira parece ser un instrumento permanente de esta y en general del ‘hombre’ de Estado, sostiene la filósofa Hannah Arendt. Se esgrimen razones de sobrevivencia, seguridad, estrategia o cálculo político para mentir; se miente incluso en situaciones en las que es muy fácil demostrar que lo afirmado no se corresponde con la verdad; no se trata de la valoración de un hecho sino el hecho mismo, aquellos casos donde existe claramente una dualidad entre lo conocido y la valoración de ese conocimiento.
Veamos un ejemplo. La semana pasada el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas hizo públicas sus recomendaciones luego de la revisión del informe presentado por el Ecuador sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas al ratificar el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Al conocerse el documento, los representantes del Estado se apresuraron a difundir su versión: “El Comité de Derechos Humanos de la ONU reconoce importantes avances de Ecuador sobre Derechos Humanos”.
El Comité “celebró” las medidas legislativas e institucionales tomadas por el Estado, “acogió con satisfacción” la ratificación de tratados internacionales; y, reconoció algunos logros o medidas en la lucha contra la discriminación por género y por orientación sexual, contra la violencia la mujer, el abuso y violencia sexual en centros educativos; en la mejora de las condiciones de detención y violencia en las prisiones, la disminución del trabajo infantil y los derechos de los pueblos indígenas.
Lo que no dicen es que el informe tiene más aspectos negativos que reconocimientos. Algunos ejemplos: persistencia de la discriminación a las mujeres, la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo en casos de incesto, violación o discapacidad fatal del feto; pocas sentencias condenatorias en abuso sexual en el ámbito educativo; destitución de jueces por el contenido de sus decisiones, uso del sistema judicial contra críticos al gobierno y miembros de la oposición; excesivo uso de la fuerza en manifestaciones de oposición y falta de investigación de esos hechos; incompatibilidad de varias disposiciones de la Ley de Comunicación con las obligaciones del Estado, desprotección a quienes sufren acoso o amenazas por el ejercicio de sus derechos; incompatibilidad de la legislación con la libertad de asociación; realización de actividades extractivas que ponen en situación de vulnerabilidad a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
Al leer todo el informe, queda claro que existen más aspectos negativos que positivos, la versión oficial los eliminó afirmando que son alegaciones sin sustento remitidas por organizaciones políticas opositoras.
¿Cuál es la verdad? ¿Lo dicho en las declaraciones oficiales y repetido en los medios afines? No, esa no es la verdad, pero no se quede con mi afirmación, le invito a leer el informe del Comité y luego los comunicados oficiales.