Uno de los recuerdos de mi adolescencia es un viaje en bus, a una pequeña ciudad de la Costa, acompañando a una querida tía para que recogiera el cheque de la pensión alimenticia para sus hijos. Viajamos durante la noche, llegamos temprano y esperamos a que abriera el Colegio en el que trabajaba su marido. El pagador se hizo esperar de forma deliberada, al menos así me pareció. Mi tía cobró el cheque, tomamos un frugal desayuno, que parecía una suerte de festejo, y empezamos el viaje de casi 10 horas de regreso. Repetía este rito, generalmente sola, cada dos o tres meses. Era evidente su cansancio físico y emocional, la pensión era bastante exigua, pero necesitaba completar el mes para mantener a sus hijos.
Este drama lo vivían (viven) miles de mujeres quienes luego de un horrible proceso lograban una pensión, usualmente, de miseria. Las más afortunadas podían retirar el pago en las empresas o instituciones en que trabajaban los obligados; la mayoría tenía que hacer largas filas en las pagadurías de los tribunales de menores, infames instituciones, en las que luego de la espera, con frecuencia recibían la noticia de que no estaba su pensión.
La reforma legislativa de 1998, en algo cambió la situación, pero el proceso para fijación, los montos y la forma de cobro eran humillantes; los abogados los demoraban, los clientes ocultaban bienes, sabiendo que tenían la obligación.
Claro, también madres, y padres, usan la pensión como instrumento de chantaje de sus ex parejas, sin pensar en sus hijos, si bien en un debate de este tipo, debieran ser la primera preocupación. También existían padres responsables que, sin importar las circunstancias de pareja, estaban presentes en la vida de sus hijos, manteniendo lazos afectivos significativos, incluso contra la voluntad de las madres.
Con la dolarización, las pensiones se hicieron más irrisorias pero muy pocos hicieron algo para mejorar la situación económica de sus hijos. Con el Código de la Niñez del 2003 la situación mejoró, sin embargo, demandados y abogados seguían sacando provecho de los resquicios normativos para pagar lo menos posible.
La tabla de pensiones alimenticias, aprobada en 2009, es una de muchas medidas tomadas para enfrentar una situación que pone en riesgo el bienestar y de niños por la irresponsabilidad de quienes tienen obligación, sin importar la forma y circunstancias de la procreación o las relaciones entre los progenitores. La tabla, como era aplicada por los jueces -y luego de la equivocada decisión del Constitucional-, se usa para solapar abusos, reproduciendo estereotipos que colocan a las mujeres como únicas responsables de la crianza, viola principios básicos y normas constitucionales.
Es hora de detener los abusos, se necesita una reforma, pero esta debe ser cuidadosamente meditada porque corremos el riesgo de volver a un estado de cosas vergonzoso y continuar con los abusos que siempre terminan afectando a los más vulnerables.