Desde el oficialismo se maneja el discurso de que la enmienda constitucional, que permitiría la reelección indefinida, amplía derechos porque los ciudadanos podremos decidir entre alternabilidad o continuidad de un proyecto político encarnado en una persona, un argumento falaz; puede aceptarse que este cambio no limita el derecho a elegir y ser elegido, pero tampoco lo amplía.
Se ha puesto en evidencia la debilidad de Alianza País –en este momento- al depender de la presencia de su líder como candidato para lograr la adhesión a su proyecto político. En esto no se diferencia de la “partidocracia”, en la que el destino de los partidos políticos–en el ámbito nacional- dependía de una persona, por referirme a la historia reciente: Borja en la Izquierda Democrática, Febres Cordero en el Partido Social Cristiano, Bucaram en el Partido Roldosista Ecuatoriano.
Podría debatirse, como sucede en la teoría política, si la reelección es una expresión del respeto a la voluntad del soberano, un premio a la buena gestión y una forma de dar continuidad a las políticas públicas exitosas o de gran aceptación popular; o si la alternabilidad es la única garantía que existe frente a las tentaciones autoritarias de la personalización y perpetuación del poder.
En mi opinión, la reelección indefinida es una anomalía democrática, y como sostuve hace algunos meses en esta misma columna, contribuye al surgimiento de populismos mesiánicos, a una patología de la democracia electoral representativa y una inversión perversa de sus ideales y procedimientos.
La aprobación de la enmienda puede considerarse como un hecho consumado por la conformación actual de la Asamblea; la única posibilidad para que esto no se dé es la negativa, mediante consulta popular o un plebiscito, de esa modificación constitucional, una opción que enfrenta un camino largo y complejo. Además de las dificultades propias de la recolección de cientos de miles de firmas, deberá superar a dos instituciones (CNE y Corte Constitucional) que se han mostrado ampliamente receptivos a las tesis del oficialismo.
Este es un proceso que depende en gran parte de la actuación de quienes lideren la recolección de firmas; por lo pronto, la oposición -con presencia en los medios de comunicación- ha personalizado esta iniciativa; si su motivación principal es rechazar la reelección indefinida -por considerarla inadecuada para la democracia- no deben actuar como si esto fuera parte de una campaña política adelantada; es un grave error estratégico porque al ser una cuestión de principios democráticos debería estar por sobre los personajes involucrados.
Este proceso ha puesto en evidencia la imposibilidad que tiene el movimiento oficialista de superar la personalización de la política y ha descubierto –hasta el momento- a la oposición como incapaz de actuar más allá de sus cálculos electorales.