Farith Simon

Chevron y sus víctimas

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Lunes 17 de septiembre 2018

El último episodio en la relación del Ecuador con la Chevron-Texaco llegó de la mano de la decisión de un tribunal arbitral internacional, en la que se pone en evidencia lo que todos sabemos hace años: la falta de independencia judicial y una permanente intervención política que abre la puerta al fraude, al abuso y la trampa.

La decisión desfavorable se esperaba, no había muchas opciones de defensa respecto al fondo de la demanda. No confundamos, en este caso no se resolvió respecto de los abusos de una empresa con el medio ambiente y las personas, se decidió sobre las responsabilidades estatales por no asegurarle un juicio justo a una de las partes.

Imaginen, si eso puede alegar y demostrar una transnacional con cientos de millones de dólares para pagar abogados, campañas de comunicación y lobistas, lo que sucede con las empresas y las personas comunes y corrientes que buscan protección a sus intereses y derechos.

Los abogados convivimos desde hace tiempo con las consecuencias de este aparato de justicia puesto al servicio del poder (sea político o económico), sin dejar de reconocer a los muchos judiciales que hacen su trabajo en este difícil entorno, pero al final este mismo entorno que se caracteriza por la falta de independencia que tiene como consecuencia que las decisiones legítimas estén bajo sospecha. Todas las causas justas están en riesgo, al tiempo que los corruptos y abusivos (los que empeoraron la situación del sistema de justicia) ahora se presentan como perseguidos y se aprovechan del daño que hicieron.

Personas y comunidades tienen muchas dificultades para buscar justicia dentro o fuera del país, tienen una clara desventaja frente a los inversionistas protegidos por los tratados bilaterales, quienes pueden acudir a la protección de sus intereses ante tribunales arbitrales, en tanto que los demás (en los pocos casos en que es posible) deben esperar entre 10 y 15 años de litigio ante el sistema interamericano, única instancia en la que de forma excepcional se puede obtener protección a los derechos.

En esta historia los verdaderos perdedores son las varias comunidades ancestrales que han sufrido una larga cadena de abusos desde finales del siglo pasado, cuando se iniciaron las actividades petroleras sin considerar su presencia o intereses. El Estado ecuatoriano es el que permitió que la empresa Texaco usara métodos altamente contaminantes pese a ya existir en ese momento tecnologías y prácticas menos destructoras. Esas comunidades tampoco fueron consideradas cuando el Estado suscribió, en 1995, un acuerdo en el que se liberaba a Texaco (luego comprada por Chevron) de posibles reclamos futuros luego de una supuesta remediación ambiental.

Las verdaderas víctimas son las comunidades que han vivido más de 50 años mirando la destrucción de su entorno, sufriendo en su salud y forma de vida, ellas tienen que empezar de nuevo a buscar justicia, el Estado es uno más de sus victimarios.