Los ecuatorianos tenemos memoria de corto plazo, olvidamos hechos significativos de nuestra historia reciente y actuamos de espaldas a ellos. Hemos perdido de vista, por ejemplo, que cerca de un millón de nuestros compatriotas salieron del país producto de la última crisis económica, que la mayoría de familias tiene algún miembro que emigró y muchos de nosotros somos descendientes de inmigrantes. Por ello, llama la atención el incremento de expresiones xenófobas, incluso acompañadas de violencia y los discursos cargados de odio en contra de los venezolanos, personas que como muchos de nuestros compatriotas han perdido lo poco que tenían al dejar su país y enfrentan situaciones de desarraigo, pobreza, incertidumbre y miedo.
Nuestro gobierno agravó la situación de los refugiados y migrantes venezolanos al exigirles el pasaporte como requisito para ingresar al país. Son conocidas las dificultades económicas y burocráticas que tienen los ciudadanos venezolanos para obtenerlo, provocando con esta medida el incremento de las amenazas que se ciernen sobre miles de personas, especialmente mujeres, adolescentes y niños, los más vulnerables al abuso, violencia y explotación. Es indiscutible la potestad que tienen lo estados soberanos para establecer requisitos de ingreso a su territorio, pero estas no pueden vulnerar los límites marcados por los derechos humanos, el sentido de la oportunidad y un mínimo de humanidad.
Lo decidido por el Gobierno es ilegal, inhumano e ineficaz, pero acostumbrados, como estamos, a la vulneración permanente del principio de legalidad, no existe una reacción social y política masiva de rechazo a una exigencia que contraviene la Ley de Movilidad Humana, al imponer a ciudadanos de un país suramericano requisitos de viaje distintos al documento de identidad nacional. Las acciones de la Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales son importantes, pero insuficientes.
La medida es ineficaz, no se alcanzarán los objetivos declarados para solicitar pasaporte (evitar el ingreso con documentos de identidad falsos y disminuir la vulnerabilidad de los migrantes), al contrario aumentará el ingreso por pasos irregulares, perdiendo el Estado el control sobre el flujo migratorio, aumentando exponencialmente los riesgos para los viajeros.
Nuestro país ha sido puesto a prueba con esta situación y tristemente la mayoría de políticos y ciudadanos comunes han reprobado, demostrando una falta de empatía frente a miles de seres humanos que escapan de las consecuencias de un régimen autoritario, incompetente y corrupto.
La solución a largo plazo es política, implica encarar de manera decidida el hecho de que Venezuela no se vive en democracia y mientras más tiempo dure esto la migración aumentará. En el corto plazo solo nos queda recordar -todos los días- que debemos tratar a quienes sufren hoy con el mismo sentido de humanidad que esperamos para nuestros migrantes.