Alrededor de 300 años antes de que Jesucristo viniera al mundo, vivió Diógenes de Sinope, Filósofo griego de quien destacan su vida austera, su desprecio de toda convención social. Cultor de la Filosofía Cínica, interesada fundamentalmente por la moral. Cuenta la tradición que caminaba en pleno día con sol, portando una lámpara encendida. ¡Explicaba que estaba buscando personas honradas!
Han pasado los tiempos y en pleno siglo XXI nos encontramos en un Ecuador que necesita no uno, sino varios Diógenes, ya que –al parecer- una minoría está caminando en la senda de la desmoralización paulatina y elevando el robo a la categoría de virtud política.
En el extremo, delincuentes desalmados han suplantado alrededor de mil personas pobres que recibían un bono mensual del Estado. Entre 2013 y 2017, estos delincuentes se apoderaron de 8 millones de dólares de esos fondos sagrados. No salimos aún de esa conmoción moral, cuando de pronto nos hallamos con una práctica amplia de abuso sexual a niños y jóvenes en algunos colegios y escuelas. Una de los agresores contagió de sida a un niño. Y qué decir de la destrucción de jóvenes con el consumo de estupefacientes. La muerte se pasea en calles y carreteras de brazo con el tránsito. Asesinatos y violaciones están a la orden del día. La seguridad personal y de los bienes públicos y privados se halla cada vez en mayor peligro.
Día tras día se hacen púbicos hechos y más hechos condenables, no solo contra la ley sino también contra la moral pública y privada.
Un suceso para condena internacional es aquel de funcionarios del Ministerio del Interior. Primero fue la revelación de una red de individuos que cobraban cantidades altas para adjudicar empleo a los nuevos policías que habían rendido pruebas. El 4 de noviembre se conoció que funcionarios de esa Secretaría de Estado, más un asistente de la ya famosa Asamblea Nacional y una extranjera, se habían asociado y, aprovechando de sus cargos públicos exigieron pagos a proveedores de aquel Ministerio. Hay audios con las conversaciones telefónicas respecto a la compra de caballos, ingreso de vehículos, cambio de kilometraje de carros, adquisición de chalecos, municiones y vehículos. Una valiente Fiscal –Claudia Romero, de la misma escuela de la Fiscal Diana Salazar- dispuso la detención de los implicados y la Juez Geovanna Palacios ordenó medidas cautelares, pero no la prisión preventiva, reemplazándola con la colocación del dispositivo electrónico. ¡Como casi siempre, la ex funcionaria y su esposo ya habían abandonado el país!
En esta lucha de modernos Diógenes, se destacan el Fiscal General Dr. Carlos Baca Mancheno y sus cercanos colaboradores; y el Contralor del Estado Encargado Dr. Pablo Celi. De continuar en la misma actitud, recibirán el agradecimiento y el aplauso del país.