Un informe del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador estableció en 2011 que el gobierno de Rafael Correa había atropellado sistemáticamente las garantías, la libre expresión y los derechos de las organizaciones sociales; había criminalizado la protesta, con más de doscientos perseguidos y un centenar de acusados de terrorismo. Eso y la postura crítica de la universidad le valieron la persecución gubernamental y que el correísmo intentara “tomarse” la Andina.
La comunidad universitaria adoptó una postura firme y en la elección de rector de 2015 designó a César Montaño, que triunfó frente al candidato correísta con el 90% contra el 10% de los votos. Eso avivó la agresividad del déspota, que dispuso se impidiera el ejercicio del rector elegido. El Parlamento Andino manejado por el colombiano Luis Duque y el “conocido” Patricio Zambrano, lo “desconoció” en forma arbitraria. La mayoría del Consejo de Educación Superior controlada por René Ramírez e integrada por incondicionales como Enrique Santos, ratificó el atropello.
El gobierno retiró las rentas que por derecho corresponden a la universidad y le lanzó toda su caballada: la Senescyt, el CES, el SRI, el IESS, la Contraloría, el Ministerio de Relaciones Laborales, “El Telégrafo” y sus medios; cadenas nacionales, sabatinas, acusaciones y amenazas. Pero la universidad resistió con firmeza y dignidad. El apoyo social fue enorme. Ninguna irregularidad se halló. César Montaño, empero, tuvo que retirarse. Se encargó del rectorado Jaime Breilh, quien luego fue electo rector por la comunidad universitaria, pese a las presiones oficiales.
César Montaño presentó una demanda, ante la cual, la Corte Constitucional, estableció que era el rector legítimo de la universidad, que el procedimiento para impedir su ejercicio fue ilegal y la norma invocada inconstitucional. Debía ser repuesto en sus funciones.
La reposición de Montaño se cumple en forma ejemplar, con total aceptación de la comunidad universitaria y de los implicados. Por ello, todos merecen un reconocimiento. Los docentes, funcionarios y alumnos de la universidad por su lucha indeclinable contra el autoritarismo. Jaime Breilh por haber asumido el rectorado en momentos difíciles y por su defensa de la autonomía institucional, que ha sido unánimemente relievada. El vicerrector Alex Remache, cuyo esfuerzo por resistir la agresión y mantener la calidad académica ha sido, en cambio, invisibilizado.
Y sobre todo, se debe reconocer la acción de la sociedad ecuatoriana y sus organizaciones representativas, sus dirigentes, activistas y comunicadores sociales, cuyo apoyo fue decisivo en este proceso que se convirtió en paradigma de dignidad, autonomía universitaria y resistencia al despotismo.