Enrique Ayala Mora

Corrupción en la Asamblea

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Viernes 14 de septiembre 2018

El escándalo se prendió cuando se hizo público que algunos asambleístas han exigido la entrega de una parte de su remuneración a personas que trabajan o trabajaban en la Asamblea Nacional. Esto se lo comentaba en los pasillos del Palacio Legislativo desde hace años, pero ahora se lo denuncia públicamente.

Al parecer, se opera así: Cuando se designa a una persona se le condiciona el pago de una parte de su remuneración al legislador que pide el nombramiento o contrato. Luego se le cobra mensualmente en efectivo, obviamente sin evidencia alguna. A veces el justificativo es que ese dinero va para el partido o movimiento del legislador, pero tampoco se de evidencia de esos ingresos.

El monto de estas “contribuciones” varía. Parece que lo más común es pedir el 10% del sueldo a quienes efectivamente trabajan. En otros casos, el contrato se hace con personas que no laboran en la Asamblea y solo aparecen para cobrar. Entonces paga hasta el 80%, quedándose con el resto por “haber prestado el nombre”. También se habla de personas contratadas como empleados públicos que trabajan en negocios privados del legislador.

Aclaremos que es perfectamente legal que los militantes de un partido u organización política, hagan contribuciones voluntarias para su funcionamiento. Es, por tanto, legítimo que entreguen una parte de su remuneración. Pero, siempre que sea voluntariamente, como acto de militancia, y que esos recursos se usen para fines partidarios y no para que se los lleve el jefe, quien no puede usar ese pretexto para tener ingresos indebidos.

Ojalá esto pase de meros rumores y se concreten las denuncias. Que la justicia se haga cargo de estos casos y se llegue a sancionarlos como a la “Red Peñaranda”. Es escandaloso que fueran responsables de esta irregularidad, entre otras, una integrante de la Comisión de derechos de los trabajadores de la Asamblea o quien ejerció la presidencia por años con vergonzosa sumisión al capo.

Es lamentable que esta forma de corrupción se hubiera transformado en fuente de enriquecimiento de unos cuantos políticos. Personas hay que antes de llegar a la Asamblea vivían en un par de cuartitos arrendados y en el curso del ejercicio de sus funciones han amasado fortunas, con propiedades, palacete, hacienda, inversiones. Supuestamente, todo obtenido a base del sueldo público.

El cobro obligado de porcentajes es extorsión pura y dura y debe ser investigada, aunque de antemano ya sabemos que quizá solo se llegará a conocer algunos casos. La mayoría seguirán ocultos.

Pero es bueno que se sancione con todo rigor a quienes resulten responsables luego de las denuncias, porque eso será un precedente y evitará que se siga dando esta situación escandalosa, por cierto, no solo en la legislatura sino en todo el sector público.