Quienes manejaron los procesos electorales de los últimos años han repetido que hemos avanzado, que hemos llegado a la pureza total, a la expresión más alta de la voluntad ciudadana. La OEA, con su secretario general a la cabeza, declaran que aquí tenemos un “modelo”. Pero eso es falso. Esa desafortunada afirmación solo es un tapón para “balancear” la campaña del señor Almagro contra el gobierno de Maduro. Porque nuestro sistema electoral, además de haber sido monopolizado por el gobierno y su partido, funciona con un padrón lleno de vacíos, duplicaciones, muertos y heridos. No es una base transparente.
Además, aquí tenemos las elecciones más caras del mundo, con gastos que serían inconcebibles en Suecia, Gran Bretaña o Uruguay, donde los procesos electorales son muy confiables con costos bajos para el fisco. Y por si fuera poco, aquí hay normas que impiden la libre expresión de la ciudadanía, entre ellas el sistema de distribución de puestos y las “circunscripciones electorales”.
Una de las bases de la democracia es que en las elecciones pluripersonales los candidatos ganan de acuerdo a los votos que obtienen, es decir, con “representación proporcional”. Los puestos de legisladores, concejales o miembros de juntas parroquiales se deben adjudicar proporcionalmente a la votación. Así es en la mayoría de los países del mundo y está escrito en la Constitución. No se cumple.
El correísmo impuso el “Método D’Hondt” para distribución de puestos en las elecciones, que, especialmente con la forma aplicada, no garantiza equidad, sino una concentración de los puestos en la lista que más votos saca. Es decir, que no hay representación proporcional, sino una trampa para que quien logra la mayor votación se lleve más puestos de los que corresponde. En la elección legislativa de 2013, por ejemplo, el gobiernismo logró un poco más de los dos tercios de los escaños en la Asamblea Nacional, cuando no había sacado ni la mitad de los votos. Y eso se ha repetido en los organismos seccionales, vulnerando la democracia.
Desde que se fundó el Ecuador, las entidades seccionales por excelencia son las provincias. Ellas han sido la base de la representación. Pero el correísmo dividió a las más grandes en “distritos electorales”, eliminando la representación de las minorías y diluyendo la representatividad provincial. Así, hay legisladores que no representan a Pichincha o Guayas, sino a una parte de Quito o a la parroquia Febres Cordero en Guayaquil.
Porque así se ampliará la democracia y se rebajarán costos, debe tramitarse la reforma al Código de la Democracia que plantea el Consejo Electoral, impulsada por Diana Atamaint. Ya no aplicarían para la elección del año próximo, sino para la de 2021, que esperamos sean más transparentes y representativas.