Diego Araujo Sánchez

“Peajes” en Asamblea

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La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, remitió una carta a este Diario a propósito de mi columna “¿La Asamblea de agache?” En su carta comparte algunas reflexiones. La primera, muy significativa, reconoce “la necesidad de reinstitucionalizar la Asamblea y recuperar su independencia”. Retomar esa característica esencial que se había perdido es un encomiable objetivo, como la exigencia de una nueva institucionalización.

La Asamblea cuenta ahora con una agenda de consenso, asegura Cabezas; y destaca que, en sus 150 días como Presidenta, aprobaron 11 leyes; que en materia de fiscalización, efectuaron 317 comparecencias de ministros y funcionarios, 516 pedidos de información a instituciones públicas, tres comisiones para control político (caso Gabela, desaparecidos y Aampetra) ; recuerda, además, que se hallan en curso juicios políticos. Todo ello como para demostrar que la Legislatura sí cumple las exigencias ciudadanas en el nuevo momento político.

Cabezas llama en su carta a “liberarnos del estigma del pasado”. Pero. ¿es posible borrar la nada honrosa marca de quienes aprobaron la Ley de Comunicación, con figuras como el linchamiento mediático o con organismos punitivos como la Superintendencia de Comunicación, entre otros impresentables mecanismos para amordazar a la prensa y liquidar la libertad de expresión? ¿Cómo olvidar a quienes dieron luz verde al paquetazo constitucional para permitir la reelección indefinida o para declarar a la comunicación un servicio público?

¿Será posible hacer borrón y cuenta nueva de aquella Asamblea en la cual la mayoría oficialista no llamó a juicio político a los ministros y funcionarios acusados de recibir sobornos de Odebrecht, ni al contralor Pólit, ahora prófugo de la justicia, ni al complaciente fiscal Chiriboga, ahora investigado, ni al vicepresidente Glas, condenado a seis años de cárcel por asociación ilícita?

Un último escándalo nos lleva a inferir que otro estigma del pasado se halla vivito y coleando: el de “los peajes” o de los “diezmos”, como se ha llamado a los inauditos cobros por parte de asambleístas a sus asesores y asistentes a cambio de asegurarles el empleo. Esos repudiables abusos van desde porcentajes de sus remuneraciones que se les ha obligado a donar al movimiento político hasta la exigencia de cancelar las cuentas del supermercado o cuotas del automóvil que adquirió el jefe.

La Presidenta ha presentado la denuncia a la Fiscalía General. Es un primer paso contra el vergonzoso estigma. Pero se requiere más: depurar la Asamblea de los pésimos integrantes, responsables por las abusivas exacciones; aplicar sistemas de control y evaluación del trabajo de asesores y asistentes y, lo más difícil, asegurar la preparación y valores éticos de los representantes.