Daniela Salazar

Corte en Vacancia

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Martes 11 de septiembre 2018

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, al ratificar la cesación anticipada de funciones de los 9 jueces de la Corte Constitucional, dispuso que este organismo entre en vacancia durante 60 días mientras se convoca un concurso para seleccionar nuevos jueces. Las alternativas que el Cpccs - t tenía no eran menos controversiales. Si designaba una Corte transitoria y sin concurso, tales jueces hubiesen carecido de facultades jurisdiccionales claras así como de suficientes garantías de independencia, en tanto sus decisiones podrían haber estado condicionadas por su anhelo de quedarse en el cargo definitivamente. Si realizaba un concurso paralelo a la evaluación, hubiese enviado el mensaje de que el resultado de la evaluación estaba destinado a ser desfavorable.

La vacancia constitucional, sin embargo, tiene sus propios riesgos. En un país en el que la Constitución le otorga a este organismo enormes poderes, la falta de jueces podría generar una verdadera crisis constitucional. Y es que además de la facultad de resolver casos, la Corte está llamada a controlar que otras funciones del Estado no abusen del poder. Así, por ejemplo, la Corte controla la constitucionalidad de las declaratorias de estados de excepción, a través de los cuales el Presidente puede incluso suspender derechos. Además, sólo la Corte podría expedir un dictamen de admisibilidad para el inicio de un juicio político al Presidente, comprobar su abandono del cargo, o dar luz verde a la figura de la muerte cruzada.

La demora irrazonable en la que incurrieron los jueces de la cesada Corte ha generado que su cesación no sea motivo de alarma generalizada, al punto que algunos afirmen que su ausencia pasará prácticamente desapercibida. Según la resolución del Cpccs-t, la Corte llegó a tardarse hasta 1735 días en expedir un dictamen favorable sobre un estado de excepción, tiene más de 3000 causas pendientes y aceptó un porcentaje mayor de acciones para proteger a personas jurídicas públicas que para proteger a personas naturales y jurídicas privadas. Las cifras corroboran la percepción de que en la práctica el gobierno anterior actuó sin Corte que controle su poder.

No obstante, desde la perspectiva institucional, la vacancia constitucional tiene graves consecuencias que deben mantenernos bajo alerta. Parte del problema se resolverá nombrando a personas preparadas, con conocimientos sobre justicia constitucional, compromiso con los derechos y una ética intachable. Pero cambiar las personas no es suficiente para cambiar la institución. Más allá de nombrar jueces, es necesario repensar la institución. Hay cuestiones relacionadas con el diseño constitucional actual que otorgan a la Corte un poder tan desmesurado que, en las manos incorrectas, es muy peligroso.