La pregunta capital de la presente coyuntura y de los años venideros es quién -o quiénes- pagarán la factura del despilfarro, irresponsabilidad fiscal y fracaso del modelo político económico de la revolución ciudadana. Hoy que el tiempo de la vacas gordas concluyó, los ecuatorianos hemos despertado a la dura realidad de que los últimos ocho años de opulencia fueron una burbuja insostenible; que la actual administración no solo se farreó la mayor época de bonanza económica de la historia contemporánea del Ecuador, sino que nos va a heredar miles de burócratas con las manos desocupadas, decenas de elefantes blancos repartidos por la geografía nacional (el mamotreto de edificio donde se realizó la Asamblea Constituyente estará entre los primeros de la lista), deudas a carísimos intereses, megaobras mal diseñadas y desproporcionadamente concebidas, cientos de equipos tecnológicos embodegados, caducos y corroídos, bonos a pagar, huecos imposibles de saldar, toneladas de cemento y pavimento subutilizadas.Nuestro país quedará atiborrado de monumentos a la inoperancia y novelería y, al mirarlos, comprobaremos las inagotables posibilidades de engaño del que son víctimas las sociedades que creen en la magia política.
Pero alguien tendrá que pagar esa factura. De algún o de varios bolsillos saldrá el dinero para cancelar el pomposamente llamado Plan del Buen Vivir sobre el que se engordó un Estado omnipotente y omnipresente, trabajando noche y día para sostener y ampliar la popularidad y vocación mesiánica del caudillo en el poder; un Estado, así empoderado para hacerlo todo, intervenir en todos los órdenes de la vida social; actuar como motor de la economía, guía moral de la opinión pública, generador de la felicidad colectiva; un Estado dueño absoluto de todos los recursos, constructor en solitario de un país en el que supuestamente no existía nada. Ese modelo político se acabó; ese tipo de Estado, que hoy casi llega a la mitad del PIB, resulta inviable porque no puede ser financiado. Y en un país en que el sector privado que produce (no el que vive a costa de los contratos del sector público) está ahogado; en donde no hay inversión extrajera por fuera de lo que la burocracia estatal determina; en que el IESS, el Ministerio de Recursos Laborales, el SRI persiguen a los pequeños, medianos y grandes empresarios, es decir, a quienes verdaderamente generan empleo productivo; este Estado solo puede pagarse con altísimos precios del petróleo y esos precios no están más. Por eso el modelo se cayó; y con él no solo caerá la falacia desarrollista del buen vivir y del cacareado cambio de la matriz productiva, sino su motivo y su razón de ser, a saber, la popularidad presidencial.
Existen indicaciones claras de quiénes son los grupos que el Gobierno ha escogido: las salvaguardas y la inflación que desatarán, las reformas en trámite a la seguridad social, las decisiones tomadas recientemente en el ámbito bancario, entre otras, nos ofrecen una respuesta inequívoca. Se pretende que la clase media y los sectores populares paguemos de nuestro bolsillo la farra propagandística de los últimos años.
@montufarm