Lo dijo Enrique Ayala Mora hace algunas semanas en una entrevista a EL COMERCIO. Y en primer impacto es decir no, ¿otra vez? ¿Otra Constituyente? A menos de 14 años de Sangolquí y de 8 años de Montecristi, resulta extraño proponer que los ecuatorianos nos embarquemos en otra novelería de rehacerlo todo otra vez. Pero el problema, si uno lo analiza con mayor detenimiento, es que la Constitución vigente tiene tantos problemas, provoca tantos bloqueos y perjuicios para los ciudadanos; ha generado y genera tantas oportunidades para el despotismo y el atropello de los derechos, que no hay otra salida que cambiarla; y cambiarla junto al régimen político autoritario que ha engendrado.
Sí, la idea de una Constituyente tiene fundamento. Los ecuatorianos, a pesar de que no nos guste, deberíamos seriamente considerarla como una opción; quizá, la única opción. Una Constituyente que no retroceda sino que avance en su carta de derechos e institucionalice un efectivo garantismo. Una Constituyente que nos devuelva la democracia, que permita la construcción de una comunidad política incluyente, multicultural, inserta en el mundo.
Una Constituyente que elimine, de una vez por todas, la oprobiosa concentración de poder que hoy carcome la institucionalidad; que despolitice la justicia y los organismos de control; que devuelva el poder a los gobiernos locales; que permita una robusta participación de la ciudadanía y fortalezca las instancias de representación.
Una Constituyente que consolide la posición del Estado frente al mercado pero que posibilite que la iniciativa privada sea la base de un crecimiento con redistribución.
Una Constituyente que radicalice los derechos colectivos y que blinde de la bio biodiversidad del Ecuador y su ambiente de la depredación y el extractivismo. Una Constituyente que ponga las bases, en la realidad y no en la retórica, de un Estado democrático, constitucional, de derechos que esté al servicio de los ciudadanos y no sea botín de quienes lo controlan.
El camino para la Constituyente está abierto. El artículo 444 de la actual Constitución prevé que con el 12% de firmas del padrón los ecuatorianos podríamos realizar una consulta popular para autoconvocarnos. Esta autoconvocatoria, por supuesto, no pasaría por la aprobación de la Corte Constitucional ni de ningún otro organismo, pues representaría, sin más, el legítimo derecho del soberano de reconstituir por fuera del poder constituido el pacto social que funda el Estado. Cuando todos los caminos de la democracia están cerrados; cuando el caudillismo y el autoritarismo se han tomado la República; cuando la casta que gobierna ha escrito su libreto de reelección indefinida, es hora de salir del laberinto con soluciones radicales, viables y necesarias.
Empecemos, pues, una reflexión profunda sobre cómo restituir la democracia en el Ecuador.