Arturo Moscoso Moreno

Tremenda Corte

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Viernes 28 de diciembre 2018

No, no me refiero en este artículo a ese maravilloso programa de humor atemporal que protagonizaba Leopoldo Fernández en su papel del entrañable José Candelario Tres Patines, que siempre exclamaba “¡a la reja!” cuando era llamado a comparecer frente al Juez por sus fechorías, y que dejaría su recuerdo en varias generaciones latinoamericanas.

Así, por mucho que me gustaría escribir sobre Tres Patines, no es de eso de lo que me quiero ocupar aquí, sino del concurso para seleccionar a los nuevos magistrados de la Corte Constitucional que sustituirán a los que fueran cesados por su poca capacidad de gestión, su escaso conocimiento de la materia constitucional y, sobre todo, por su falta de independencia frente al gobierno de Rafael Correa.

Y si bien las formas legales mediante las cuales fueron destituidos no podrán haber sido del agrado de todos, la gran mayoría estará de acuerdo en que era necesario renovar a una entidad del Estado, fundamental para la institucionalidad y el respeto a los derechos humanos, que nunca había llegado a tales niveles de desprestigio.

Como todo concurso, éste no ha estado libre de críticas, tanto a la forma como al fondo. Se ha observado su legalidad y su constitucionalidad. También se ha cuestionado a los miembros de la comisión encargada de calificar a las ternas enviadas por las distintas funciones del Estado y al proceso en sí.

Yo mismo he sido crítico con la evaluación oral. Sin embargo, el resultado hasta el momento ha sido bastante bueno, y la lista final está conformada por una mayoría de candidatos de primera categoría y en la que, además, constan un buen número de mujeres extraordinarias como Carmen Corral, Daniela Salazar o Karla Andrade.
Por supuesto que no todos los nombres finales me parecen idóneos para conformar la Corte, situación que se puede discutir, sobre todo en relación con quienes precisamente ayudaron a construir una Constitución que reforzó el híper presidencialismo y debilitó la división de poderes a través de la creación de la Función de Transparencia y Control Social, pero aún así, el nivel de los escogidos es muy superior al de los cesados.

Queda ahora la fase de impugnación de las candidaturas de la que, probablemente, la mayoría de los postulantes saldrá incólume, lo que seguramente nos dejará una tremenda Corte Constitucional, con lo que todo el proceso, a pesar de las críticas, muchas de ellas sustentadas, habrá valido la pena, porque a veces la legitimidad, cuando lo que se pretende es recuperar la institucionalidad de un país y devolverle un organismo cuyo trabajo se deba a los ciudadanos y no al poder de turno, es más importante que una pretendida legalidad construida para mantener el status quo, tan conveniente para el autoritarismo del gobierno anterior, muchos de cuyos protagonistas y defensores, esos sí, deberían ir a parar “a la reja”.