Alfredo Negrete

El estatismo en la universidad

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Jueves 20 de septiembre 2018

El modelo no es fácil superarlo por parte del gobierno del presidente Moreno. Ni en lo ideológico ni en los hechos como se comprueba –a título de ejemplo- los casos de la libertad de expresión y el de la autonomía en la educación universitaria. En el primer caso se aprobaron reformas a la Ley de Comunicación sin suprimirla y manteniendo absurdos inconstitucionales como el de un Consejo de Regulación sin precedentes en la legislación ecuatoriana ni en la de los países democráticos. La sola mención de este órgano controlador, donde no participan los medios privados -que constituyen la mayoría de espectro nacional- basta para comprobar que en el Ecuador la libertad de expresión está vigilada y regulada.

En el ámbito de la educación universitaria el panorama es desconcertante pues la normativa vigente -restringe absurdamente la vinculación de la academia con el mundo internacional. Un esfuerzo ideológico- perdido en tiempo –de regresar a las universidades de claustro controladas desde los ejes de la planificación por los burócratas ideológicos de alto nivel. Las aberraciones legislativas en referencia se lograron con la aprobación del Código de Ingenios –no es un sarcasmo-, aprobada entre gallos y medianoche. Allí fue cuando la universidad ecuatoriana fue excluida de relaciones con universidades o institutos superiores de otros países.

Esta barbaridad fue redactada en la ley reformada. En vez de transcribir el texto, es apropiado citar al Dr. Jorge Alvear en su columna de El Universo a raíz de la aprobación de la reforma “Se trata del nuevo artículo 161 de la LOES, que prohíbe a las instituciones de educación superior realizar actos, contratos, convenciones u operaciones con partes relacionadas. Sin explicar cuáles son esas actividades ni diferenciarlas de las académicas o de los contratos a título gratuito, como los aportes y donaciones que pudieran recibir tales institutos de educación con motivo de su creación o funcionamiento. A la vez se identifica entre las “partes relacionadas” a los promotores, rectores o vicerrectores, autoridades académicas en general, directores financieros o cargos de superior o similar jerarquía, con lo cual no podrían celebrar contratos de trabajo académico a pesar de que no son actividades de lucro empresarial...”

Parece que la estrategia del control absoluto de las universidades públicas por parte del Estado y la paulatina desaparición de las privadas concluyeron con el cambio del gobierno y crece la expectativa por el nuevo reglamento a la ley. Estos cambios se han producido en el ámbito económico y en el militar, aunque de manera parcial en el dubitativo y extraño campo de las relaciones exteriores.

Un buen tributo a las celebraciones por el centenario de la reforma universitaria de Córdoba de 1918 sería que el Presidente Lenín Moreno derogue los absurdos que obstaculizan el desarrollo y la inserción mundial de la universidad ecuatoriana.