Agencia IPS

Memorial por 72 migrantes

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Jose Ignacio De Alba

En ninguna zona del país la violencia ha sido tan cruenta como en este lugar. La desolación y la brutalidad llevan la marca de “los zetas”, el más sanguinario de los grupos delictivos engendrados por la corrupción y la impunidad que asolan México.

Por eso, al cumplirse ocho años de uno de sus episodios más trágicos, cuando 72 personas migrantes fueron masacradas en un galerón de esta pequeña urbe de San Fernando, en el nororiental estado de Tamaulipas, parece aún inconcebible levantar aquí un memorial contra el olvido.

El martes 22, un grupo de 20 personas ingresó al territorio silenciado por el cartel del narcotráfico de los zetas para colocar en el almacén una enorme cruz con 72 cruces pequeñas, una por cada uno de los 72 migrantes asesinados el 22 de agosto de 2010.

El memorial fue construido por migrantes del albergue Casa Belem, de Saltillo, en el vecino estado de Coahuila, que dirige el sacerdote Pedro Pantoja.

A sus 75 años y con una reciente operación en el corazón, Pantoja no pierde la pujanza en la demanda de justicia.

“La masacre de 72 migrantes nos llena de profunda indignación, el Estado mexicano permitió y fue cómplice de estos terribles hechos”, dijo el religioso.

En ocho años, los resultados de las investigaciones son muy pobres. La seguridad misma es un problema no resuelto en la entidad, e incluso se ha extendido a otras zonas del país.
Un reportero local recuerda que un año después del hallazgo de los cuerpos, en el rancho había ropa y otras evidencias que la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) no resguardó ni recogió de la escena del crimen.

Y peor aún, ocho meses después de la masacre de los 72 migrantes, en abril de 2011, fueron halladas, en este mismo municipio, 47 fosas clandestinas con 193 cuerpos. Y casi dos años después, en mayor de 2012, se encontraron 49 torsos al borde de la carretera en Cadereyta, Nuevo León, que está dentro de la misma ruta migrante.

La PGR investiga los tres casos como si fueran eventos aislados, aunque diversos expertos han señalado la importancia de tratarlos como un solo caso.

“Nos encontramos con una PGR muy indolente que no quiere cumplir con las sentencias; (los ministerios públicos) litigan como coyotes tratando de evadir, de darle la vuelta a los procedimientos, simplemente porque no quieren transparentar los casos ante las víctimas”, dice en entrevista Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación Para la Justicia y el Estado de Derecho, que representan a 10 de las 72 familias de los migrantes asesinados.

Puede ser porque ellos mismos saben que hay gente del gobierno implicada y lo que no quieren es que eso se sepa. Realmente cuando ocultan tanto la información uno piensa que es porque tienen un grado muy alto de participación en lo que pasó.