Colombia ha salido de su preocupante silencio previo sobre la cuestión y se ha convertido en el primer país de la región que sale en defensa del asediado Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Lo que debe ser aplaudido. Colombia será, además, el primer país de la región en el que se discuta -pública y abiertamente- la eventual reforma de ese sistema.
No obstante, antes de comenzar ese ejercicio, Colombia ha marcado la cancha. Porque su gobierno ha definido -sin ambigüedades- su posición frente a este tema, la que puede sintetizarse en que buscará fortalecer al sistema y se opondrá a todo lo que suponga debilitarlo.
Esta firme actitud colombiana alimenta las esperanzas de que los regímenes “bolivarianos” -que procuran destruir o desnaturalizar al sistema, para así “legitimar” sus ataques contra la libertad de expresión y de información, que incomoda a sus esfuerzos por instalar un discurso único- no se salgan con la suya.
El gobierno colombiano -por boca del jefe de la Defensa Jurídica del Estado, Fernando Carrillo- ha sido particularmente claro sobre la posición respecto de la “Relatoría Especial para la Libertad de Expresión”: se negará a todo lo que sea quitarle autonomía, así como a lo que suponga cercenarle facultades.
Cuando Venezuela ha oficializado ya su totalitaria decisión de abandonar el crucial Pacto de San José de Costa Rica, las noticias que nos llegan desde Bogotá son refrescantes.
Cabe recordar que los precisos y duros informes emanados de la mencionada relatoría son los que, precisamente, han incomodado a dos de los líderes autoritarios de nuestra región, quienes son, a la vez, aquellos que más persiguen a los medios de prensa independientes: Hugo Chávez y Rafael Correa. Cabe señalar que la relatoría en cuestión está hoy en manos de una valiente jurista colombiana: Catalina Botero.
La idea es modernizar el sistema de modo que sus decisiones tengan aún más fuerza que hoy cuando ellas se pronuncian contra los Estados, para lo cual se procurará que tengan más y mejor sustento técnico, además de mayor precisión probatoria.
Cuando Venezuela ha oficializado ya su totalitaria decisión de abandonar el crucial Pacto de San José de Costa Rica, dejando así a todos sus ciudadanos sin protección regional en materia de derechos humanos y libertades individuales (como ocurre, desde hace rato ya, en Cuba), las noticias que nos llegan desde Bogotá son refrescantes.
Es de esperar que la posición colombiana encuentre rápidamente el apoyo de aquellos países en los que la libertad de prensa es considerada como una libertad central, absolutamente esencial. Lo que es claramente así: ausente esa libertad, todas las demás libertades de los seres humanos quedan en riesgo.