Constanza Vieira
IPS
“No fue posible” firmar el Acuerdo Final con la guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), oficializó desde La Habana la noche del 23 de marzo el jefe negociador del Gobierno colombiano, Humberto de la Calle.
No hubo comunicado conjunto de los delegados de los países garantes, Cuba y Noruega, como es usual. A cambio, cada parte leyó una declaración por separado, sobre la imposibilidad de alcanzar el acuerdo en la fecha límite que se habían dado seis meses antes.
“Subsisten diferencias importantes con las FARC sobre temas de fondo”, agregó De la Calle. El Gobierno no acepta que las FARC vean el desarme como un “proceso”. Con armas no hay posibilidad de integrarse a la vida civil: la dejación de armas debe ser “sin zonas grises. Sin mezcla de armas y política”, subrayó.
El enviado del Gobierno alemán en el proceso de paz, Tom König, indicó como nueva fecha para el acuerdo el final de este año. Un lapso que daría espacio para sumar a la negociación y al acuerdo a la más pequeña guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y completar así el círculo de la paz.
Que el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC no alcanzaban a poner fin a la guerra de 52 años este 23 de marzo, ya se sabía.
Pero se esperaba algún comunicado conjunto animoso, luego de que el lunes 21 se reunieron en la capital cubana por separado con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, quien expresó respaldo a la negociación, si bien aclaró después a los medios que las partes “no están listas todavía” para firmar el Acuerdo Final.
Hace dos semanas, el Gobierno colombiano hizo aprobar una ley sobre la desmovilización guerrillera: durante el alto al fuego bilateral, los rebeldes entregan las armas y se radican en “zonas” rurales de concentración, donde no tendrán efecto las órdenes de captura. Además, aceptó incluir, como coda fuera de texto, una pretensión del derechista expresidente Álvaro Uribe (2002-2010): la concentración será en lugares aislados, donde no exista población civil.
Para las FARC, esto constituyó un retroceso.
Según el canal Telesur, las FARC aspiran a que les sean suspendidas las órdenes de captura en todo el territorio nacional y a mantener las armas guardadas en contendores dentro de las zonas de concentración, como garantía de que el estado cumplirá los acuerdos.
Quizá por eso terció Kerry en este espinoso tema, cuando anunció que Estados Unidos estaría dispuesto a garantizar la seguridad de los combatientes una vez se desarmen.
Pero esta negociación con las FARC dio un paso histórico: involucrar una misión política del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para verificar el cese al fuego bilateral y la desmovilización guerrillera y su desarme efectivo.